Hermosillo, Son. La Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJS), informó que fueron judicializadas siete personas por su presunta responsabilidad en los homicidios relacionados con el hallazgo de restos humanos en un sitio de búsqueda ubicado sobre la carretera 26, al poniente rural de Hermosillo. Cinco de ellas ya se encuentran detenidas y dos cuentan con órdenes de aprehensión activas.

El caso, uno de los más complejos registrados en la capital sonorense, se originó entre finales de enero y principios de febrero de este año, cuando integrantes del colectivo Buscadoras por La Paz localizaron un cementerio clandestino en un tramo desértico de la zona rural poniente de Hermosillo. En ese sitio se recuperaron los restos de 60 hombres, lo que derivó en una amplia investigación ministerial.

La fiscalía detalló que los detenidos han sido identificados como Sergio Andrés, Roberto, Ángel Ubaldo, Jesús José alias El Siete, y Daniel Antonio quienes enfrentan procesos penales por homicidio y desaparición cometida por particulares. Otros dos sujetos continúan prófugos, por lo que se emitieron fichas de colaboración para su localización.

Las investigaciones permitieron establecer que las víctimas fueron asesinadas en el contexto de ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado. Todos los cuerpos fueron identificados mediante pruebas científicas y entregados a sus familias.

El sitio donde se realizó el hallazgo comprende 36 fosas ubicadas en un arroyo junto a la carretera 26, donde se localizaron 44 osamentas, siete cuerpos completos y dos restos óseos adicionales, de acuerdo con la información difundida por el colectivo. Las labores de recuperación se extendieron durante seis días consecutivos.

Cecilia Delgado Grijalva, fundadora de Buscadoras por La Paz, explicó que el área ha sido utilizada por grupos delictivos debido a sus condiciones geográficas. “Es un arroyo en medio del desierto, la tierra está floja y es fácil cavar. 

Además, la humedad permite el crecimiento de árboles y hierba, lo que facilita que los perpetradores se oculten entre la vegetación”, señaló.

Los trabajos de excavación y recuperación fueron coordinados por peritos de la FGJES, con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes mantuvieron el resguardo perimetral del área durante toda la intervención.

La identificación total de las víctimas fue confirmada recientemente por la fiscalía, luego de que el colectivo de madres buscadoras difundiera la información en medios locales. El caso representa uno de los hallazgos de fosas clandestinas más significativos en Sonora, tanto por el número de cuerpos como por la dimensión de las investigaciones que derivaron en acciones judiciales contra los presuntos responsables.