León, Guanajuato. Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado entregaron el cuerpo de un hombre a su hermano y no informaron a los hijos a quien se entregó el cadáver y dónde fue enterrado, violando el derecho humano a la seguridad jurídica de los afectados, determinó la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg).
En el expediente de queja 0002/2024, la titular de la Procuraduría, Karla Alcaraz Olvera, emitió dos resolutivos de recomendación al fiscal de la Región A, Jaime Mora Vallejo, para que lleve a cabo una investigación, otorgue atención psicosocial a las víctimas e integre la recomendación al expediente de los funcionarios responsables.
“Las personas quejosas señalaron que personas adscritas al Servicio Médico Forense y del Ministerio Público no les informaron cuándo y a quién le entregaron el cuerpo de su papá y dónde se encontraba”, señala el expediente.
Dos personas denunciaron que su padre murió el 30 de diciembre de 2023 y la Agencia 9 del Ministerio Público les entregó una orden para reclamar el cuerpo en el Semefo, señala el documento.
Pero, en el Semefo les informaron que el cuerpo ya había sido entregado a otras personas —por instrucciones de otro agente del MP—; además, le negaron información de cuándo y a quién se entregó, denunciaron los quejosos.
La Prodheg recordó que solicitó al titular de la Unidad Especializada de Identificación de Personas Fallecidas que precisara los datos de identificación relacionados con la entrega y a quién se entregó, y la Dirección de Salud del municipio de León notificó que el cuerpo fue inhumado en el Panteón Norte.
Con estos datos se identificó que el cuerpo fue entregado a uno de los hermanos del fallecido y el lugar donde fue enterrado, “contribuyendo al respeto de sus derechos humanos, otorgando certeza y seguridad jurídica con relación al lugar en el que se encuentra”, señaló la Procuraduría.
A partir de la investigación, se comprobó que dos agentes del Ministerio Público “no protegieron el derecho humano a la seguridad jurídica de las personas que presentaron quejas”, decidió el organismo.
