Ciudad de México. Decenas de organizaciones civiles, familiares de personas desaparecidas y activistas señalaron que el gobierno mexicano debió remitir este jueves a la Organización de Naciones Unidas el informe solicitado sobre las desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país.

En un comunicado, apuntaron que en este documento el Estado debe responder al Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) con una propuesta para erradicar de fondo las causas de las desapariciones garantizando la verdad, la justicia, la reparación, el cese de la impunidad, la correcta y rápida identificación y el regreso digno de las personas desaparecidas a sus casas, con mecanismos eficaces y transparentes de medición y de rendición de cuentas”.

Detallaron que el organismo ha dado seguimiento puntual desde 2012 a esta problemática en territorio nacional y a partir de 2015 consideró que hay una situación generalizada sobre estos casos en diversas regiones del territorio nacional y existe una impunidad casi absoluta.

Señalaron que en el país existen más de 133 mil personas desaparecidas entre enero de 2006 y septiembre pasado, más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en instalaciones de gobierno y cientos de miles de fragmentos óseos. Agregó que se han dictado 373 condenas por desaparición forzada y cometida por particulares entre 2017 y enero pasado, mientras los casos continúan.

Bajo este escenario, destacaron que enviaron un informe paralelo al comité donde aportan indicios “bien fundados” de la desaparición sistemática y generalizada en el país.

Con ello, adelantaron que su documento se publicará pronto y solicitará la creación de un mecanismo internacional de esclarecimiento que ayude al Estado mexicano a determinar las causas de las desapariciones, a establecer un programa nacional de prevención, a procesar debidamente a los responsables, reparar a las víctimas, y buscar a las personas desaparecidas e identificar los cuerpos y fragmentos acumulados en los servicios forenses del país.

Resaltaron que la solicitud del informe comenzó luego de que el CED decidió iniciar el procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones para atender la grave problemática en México, por lo que el Estado “desató una reacción muy agresiva”. Sin embargo, sugirieron que debe de ser tomado una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas.

El comunicado fue suscrito por 61 colectivos, 66 organizaciones civiles, 129 familiares de personas desaparecidas y 50 personas solidarias, entre las que destacan H.I.J.O.S. México, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.