Legisladores de Texas impulsan la iniciativa de ley SB 2949 para combatir el huachicol fiscal y dotar a las autoridades estatales de herramientas para desmantelar la infraestructura ilícita que lo sostiene.

La propuesta, aprobada en abril por unanimidad en el Senado texano, se centra en los depósitos de combustible instalados en condados fronterizos, los cuales, según el Comité de Seguridad Fronteriza de esa instancia legislativa, son utilizados por redes criminales vinculadas a cárteles mexicanos para evadir impuestos y contrabandear combustible hacia México. La medida responsabiliza tanto a los operadores de estos espacios como a los proveedores que los abastecen.

El proyecto, promovido por el senador demócrata Juan Chuy Hinojosa, está en la Cámara de Representantes local. La iniciativa endurece los requisitos de licencias y permisos para transportistas, eleva las sanciones civiles y penales contra la manipulación de documentos fiscales y prohíbe expresamente el uso de depósitos no registrados que sirven para operaciones de trasvase de gasolina y diésel libres de impuestos.

La propuesta exige que toda documentación de envío de combustible detalle con precisión origen, destino, comprador y transportista, y tipifica como delito el uso de papeles falsos, la evasión de impuestos o el transporte con permisos irregulares. Las multas alcanzan hasta 25 mil dólares para empresas que no garanticen que sus operadores cuenten con licencias vigentes, además de la suspensión inmediata de actividades.

En audiencias legislativas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) advirtió que las operaciones ilegales utilizan camiones con sobrepeso, tanques improvisados en lotes baldíos y corredores no autorizados para mover combustible desde las terminales hasta la frontera.