Mujeres indígenas mazatecas de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, exigieron al Poder Judicial de la Federación con sede en Boca del Río, Veracruz, resuelva el juicio de amparo en favor de Jacob Betanzos, y cancele las órdenes de aprehensión contra otros 13 defensores perseguidos, criminalizados y desplazados de su comunidad desde hace una década.

Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos –preso político durante nueve años– señaló que el juez quinto de distrito, Mario de la Medina Soto, adscrito a esa ciudad, tiene en sus manos la posible liberación de los 14 defensores mazatecos, cuya inocencia ha sido documentada.

En conferencia de prensa destacó que la audiencia prevista para mañana jueves, en la que se analizará el caso de Jacob, será fundamental porque sentaría un precedente para el resto de las 13 personas, quienes ya han ganado amparos desde 2015, pero las autoridades de Oaxaca se han negado acatar.

Además, consideró que el caso representa “un desafío” para la nueva justicia federal representada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el abogado mixteco Hugo Aguilar, y por la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García, ya que la comunidad de Eloxochitlán ha sufrido la “criminalización y fabricación de delitos” para facilitar el despojo del río y del territorio mazateco.

La también abogada señaló que existen 200 órdenes de aprehensión promovidas por “familiares de la diputada Elisa Zepeda”, contra 56 personas de la comunidad, por presuntos delitos cometidos en 2014, pero que se consignaron ante un juez en 2016.

Además, apuntó que desde hace más de 10 años se ha acusado a los 14 defensores de esta comunidad de delitos como homicidio y tentativa de homicidio, pero a partir de “testimonios clonados, contradictorios y retractados, que ya han sido desestimados en instancias judiciales”.

Argelia Betanzos hizo notar que la criminalización de los defensores coincide con la consolidación de una empresa ilegal de extracción de materiales pétreos, de la familia del cacique Manuel Zepeda, padre de la diputada Elisa Zepeda Lagunas.

En su participación, Marisol Fernández, esposa de Jacob, recordó que en 2023 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció el caso como ejemplo de uso del aparato judicial para criminalizar luchas comunitarias.

Demandaron poner fin a la “persecución política y judicial” que no sólo afecta a 40 familias, sino alrededor de 300 personas de la comunidad de Eloxochitlán, “perpetuadas” por la familia Zepeda Lagunas.