A ocho días del desalojo de la calle República de Cuba 11, en el Centro Histórico, las familias expulsadas —que continúan viviendo a la intemperie, en camas improvisadas, bajo lonas y casas de acampar— denunciaron que las acciones fueron ilegales.

Durante una rueda de prensa, Arturo Aparicio, asesor legal de los despojados, señaló que se violó el derecho a la vivienda de 19 familias y de los propietarios de ocho locales, ya que no fueron notificados sobre la orden judicial expedida.

Según explicó, durante más de 25 años los inquilinos pagaron rentas aún después de la muerte del arrendador Adolfo Díaz Pérez de León, sucedida en 1992. Diversas personas se ostentaron como propietarios apócrifamente, hasta que en 2022 se deslindaron del papel de arrendadores.

De acuerdo con el abogado, el desalojo derivó de un conflicto entre particulares por la compraventa del predio. En 2024, una de las copropietarias Mireya Díaz, vendió el inmueble a Virginia Domínguez, quien promovió un juicio alegando incumplimiento en la escrituración.

Con una sentencia resuelta y la intervención de tribunales del estado de Hidalgo y la Ciudad de México “el despojo se disfrazó de legalidad”, apuntó.

La orden judicial original establecía únicamente la firma de escrituras y que el nuevo propietario asumiera las obligaciones del arrendador original. No obstante, la jueza interina del Juzgado 54, Estela Morales Rodríguez, amplió de forma irregular sus alcances y ordenó la expulsión de todos los inquilinos.

A través de un pliego petitorio conformado de nueve puntos, solicitaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el retorno inmediato al inmueble, acompañamiento legal para presentar denuncias penales y administrativas, la expropiación del predio, así como un esquema de vivienda social para adquirirlo de manera justa a través de un crédito.

Aunque al inicio las autoridades ofrecieron apoyo, incluidos hospedajes en hoteles cercanos, la última reunión fue cancelada sin explicación. Además, denunciaron que el beneficio de 4 mil pesos mensuales para rentas fue condicionado a fin de que se levantara el plantón.

Las acciones han derivado en pérdidas materiales, de salud e incluso humanas. Una de las afectadas sufrió un infarto ocular que le provocó la pérdida de visión en un ojo, mientras que, Adrián Montoya, propietario de un negocio de máquinas de escribir falleció de un infarto poco después de recibir la noticia del desalojo.

Pese a que el secretario de Gobierno, César Cravioto anunció que el procedimiento fue pacífico, vecinos como Xóchitl Pérez, denunciaron que los cargadores actuaron con “mucha violencia y faltas de respeto”. 

Rocío Quevedo llevaba 70 años habitando el edificio: “le pido al gobierno que nos dé un espacio donde vivir, mi vida está hecha en el centro de la ciudad”, expresó.