Madrid. Dos personas encapuchadas y armadas con palos de madera irrumpieron de forma violenta en el Centro de Primera Acogida de Menores de la localidad madrileña de Hortelaza, donde agredieron a tres jóvenes que residen ahí; uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario para ser atendido por las heridas. La agresión, presunta motivación xenófoba, se registró a raíz de la detención del pasado sábado de uno de los menores de edad, de origen marroquí, que fue acusado de la violación de una niña de 14 años en un parque cercano a la residencia.

El caso es similar al que desató la ola de agresión xenófoba en Murcia en julio pasado, cuando centenares de ultras, muchos de ellos vinculados a grupos neonazis y neofascistas, acudieron al pueblo de Torre Pacheco, para atacar a migrantes de origen marroquí por la denuncia de una violación. En el caso de lo ocurrido en la localidad madrileña de Hortaleza, la agresión xenófoba se limitó a dos personas encapuchadas que insultaron y agredieron a los tres menores de edad, que no tienen ninguna relación con la presunta violación denunciada, ya que el supuesto agresor fue detenido después de que intentara huir y se encuentra bajo custodia policial.

Según informó la Delegación del gobierno, uno de los menores agredidos fue trasladado al hospital tras las heridas sufridas, los otros dos sufrieron contusiones y recibieron el alta el lugar. También se informó que cuando la Policía llegó al lugar de la agresión se encontraron a los heridos tendidos en el suelo, quienes aseguraron que fueron sorprendidos por dos encapuchados, uno de ellos armado con un palo, que les golpearon mientras les insultaban.

El caso de la violación de la menor desató también de nuevo el odio en la redes sociales y en algunos líderes políticos de la derecha y la extrema derecha. De hecho la Comunidad de Madrid, presidida por la derechista Isabel Díaz Ayuso, únicamente se interesó por la situación legal del menor detenido por la agresión sexual, al exigir su expulsión del país, al tiempo que remitió al Ejecutivo español, del socialista Pedro Sánchez, un informe con 37 expedientes de menores que a su juicio no pueden ser “integrados” y que por tanto exigen también su repatriación a Marruecos.