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Presenta Morena en San Lázaro iniciativa para garantizar acceso libre y gratuito a playas

En Tulum, la CONANP comenzó a cobrar una cuota para acceder al Parque Nacional desde el 20 de febrero de 2023. En diciembre de 2024 el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica administrada por el Ejército impuso cuotas a más playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso. Foto
En Tulum, la CONANP comenzó a cobrar una cuota para acceder al Parque Nacional desde el 20 de febrero de 2023. En diciembre de 2024 el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica administrada por el Ejército impuso cuotas a más playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso. Foto Cuartoscuro / archivo
27 de agosto de 2025 12:07

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para garantizar el ingreso libre y gratuito a las playas del país, así como a los parques y zonas protegidas. 

En la propuesta de modificaciones a las leyes generales de Bienes Nacionales y del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio ambiente, se plantea añadir la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales, de procurar la menos un paso público por tramo costero y prohibir cobros, cuotas o condiciones restrictivas para el ingreso a las playas. 

La iniciativa de los diputados Ricardo Monreal y Enrique Vázquez considera cambios al artículo 127 de la Ley General de Bienes nacionales para garantizar que los particulares con concesiones o permisos en la Zona Federal Marítimo Terrestre no puedan impedir el ingreso público a las playas y deban de prever un acceso libre de uso común. 

En el caso de parques y zonas protegidas, la propuesta considera que, al menos un día a la semana, se permita el ingreso gratuito al público general. 

La iniciativa señala que hay varias áreas naturales protegidas en litorales o playas, por lo cual es fundamental encontrar un equilibrio para su resguardo eficaz y, al mismo tiempo, respetar los derechos de acceso público a las playas de los visitantes.  

Se recordó que, en 2007, el Programa Nacional de Áreas Protegidas propuso el cobro de cuotas para la entrada a esos espacios, con el argumento de que los ingresos permitirían financiar su restauración ambiental y reducir el flujo turístico para proteger la biodiversidad. 

No obstante, ello derivó “en un disgusto social ya que se limitaba el ingreso o se cobraba por el paso de personas que siempre habían disfrutado estos espacios” de manera gratuita. 

La solución, añade la iniciativa provocó “efectos no deseados” que afectan el ejercicio libre de derechos fundamentales, el bienestar de miles de personas en las zonas costeras e incluso propició desigualdad social. 

En distintas zonas del país, el libre paso a las playas ha sido restringido mediante cobro o bloqueos físicos, sobre todo en espacios privados que se otorgaron mediante concesión y resalta que la imposición de cuotas a la población y turistas “genera un efecto excluyente que se profundiza en contextos de desigualdad económica”. 

Se ejemplificó que, en Tulum, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas comenzó a cobrar una cuota de 58 pesos al público para acceder al Parque Nacional desde el 20 de febrero de 2023 y que, a pesar del descontento social, el 17 de diciembre de 2024 el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica administrada por el ejército impuso cuotas a más playas públicas como Santa Fe, Pescadores y Paraíso. 

La polémica creció porque las cuotas de entrada a áreas naturales protegidas aumentaron. Si bien en la Ley Federal de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados la cuota era de 120.74 pesos para el público en general, el Grupo Aeroportuario “cobra tarifas diferentes y más altas”. 

Esto es, 415.37 pesos a extranjeros, 255 pesos a mexicanos, 105 pesos a residentes de Quintana Roo –previa comprobación de sus domicilios- y a militares, así como 31 pesos a estudiantes. 

“La situación se complica porque no se explica al público el fundamento legal dela medida ni el destino y uso de los recursos que son captados”, indica. 

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