San Francisco del Rincón, Gto. El presidente de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González, y el ayuntamiento deben iniciar una investigación contra dos oficiales calificadores, dos médicos y un custodio que omitieron salvaguardar el derecho a la vida de un detenido que se suicidó en los separos, recomendó la titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Karla Alcaraz Olvera.

A las 19:43 horas del 28 de septiembre de 2023, José, de 44 años de edad, se suicidó en los separos de la Secretaría de Seguridad de San Francisco del Rincón, después de ser detenido.

“Derivado de dos reportes al sistema de emergencia 911 referentes a que una persona del sexo masculino, bajo los efectos de las drogas, intentó incendiar una casa”, el policía, Jorge Luis Hernández Tovar, arrestó al infractor y lo presentó ante el oficial calificador, Juan Pablo Trujillo Núñez, señaló el director de Seguridad ante la Prodheg.

En el expediente 1742/2023, quedó asentado que el funcionario declaró que el médico, Agustín Torres Flores, certificó que el detenido “resultó positivo a intoxicación por cristal” y posteriormente la oficial, Gloria Rendón Lara, reportó que José se había quitado la vida.

“Del contenido de una videograbación que proporcionó el Director General de Seguridad Ciudadana, se desprende que personas servidoras públicas agredieron físicamente a la persona detenida”, comprobó Derechos Humanos.

Los oficiales calificadores, Juan Pablo Trujillo Núñez y Gabriel León Camargo, los médicos, Agustín Torres Flores y Roberto Carlos Hernández Ayala, así como el custodio, Juan José Villafaña Rodríguez, “omitieron salvaguardar el derecho humano a la vida de la persona detenida”, determinó la procuradora de los Derechos Humanos.

Por el suicidio de José, Karla Alcaraz emitió cuatro resolutivos de recomendación dirigidos al alcalde y al ayuntamiento de San Francisco del Rincón.

“Se instruya a quien legalmente corresponda para que se inicie una investigación por las autoridades competentes”, señala el primer resolutivo.

El presidente y el ayuntamiento deben integrar una copia de la resolución al expediente de los funcionarios, deben capacitar a los empleados responsables y tienen que armonizar el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad con los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas y con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solicitó.