El presidente Donald Trump instruyó en secreto al Pentágono para empezar a usar la fuerza militar contra los ocho cárteles de la droga, que su gobierno clasificó como organizaciones terroristas en febrero pasado. De acuerdo con informes obtenidos por The New York Times, oficiales militares de Estados Unidos ya delinean opciones sobre cómo podrían perseguir a los cárteles, pese a que ni siquiera la administración republicana parece tener claras las consecuencias legales o las repercusiones diplomáticas de tales operaciones.
Ante el nuevo despropósito de su homólogo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la orden ejecutiva sólo será aplicable dentro del territorio estadunidense y aseguró que la presencia de elementos castrenses de ese país en México está absolutamente descartada, pues no está permitida ni es parte de ningún acuerdo. La mandataria dio a conocer que Washington informó previamente a su gobierno acerca de esta disposición y recibió garantías de que no tiene nada que ver con territorio mexicano.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, emitió un comunicado que, lejos de brindar tranquilidad, dispara todas las alarmas en torno a los extremos a los que están dispuestos a llegar Trump y sus funcionarios para convertir la crisis de salud pública que padece la sociedad estadunidense en una guerra sin más ganador que el complejo militar-industrial de la superpotencia. De las 14 líneas que conforman su texto en español, Johnson usó ocho para defender la decisión de catalogar como terroristas a seis organizaciones criminales con base en México, la cual constituye un disparate semántico y jurídico en tanto el terrorismo usa la violencia para empujar una agenda política e ideológica, mientras los cárteles son entidades movidas por el afán de lucro, de la misma manera que lo son las farmacéuticas (estadunidenses) que provocaron la epidemia de adicción a los opioides como el fentanilo, los fabricantes y distribuidores (estadunidenses) de las armas sin las cuales los cárteles no existirían y los bancos (principalmente estadunidenses) que año con año lavan cientos de miles de millones de dólares provenientes de toda índole de actividades ilícitas. De manera significativa, Johnson no aludió a ninguno de estos actores en su comunicado.
Sin embargo, la razón principal por la que México y la comunidad internacional deben rechazar con vehemencia la confusión del crimen organizado con el terrorismo reside en la aplicación extraterritorial que Washington hace de sus leyes; en este caso, entregando al inquilino de la Casa Blanca la facultad de ordenar bombardeos, asesinatos selectivos o indiscriminados, operaciones encubiertas y otras formas de agresión militar sin necesidad de aprobación del Congreso contra cualquier persona o grupo a la que acuse de terrorista, con o sin pruebas.
En este contexto, Johnson retuerce el lenguaje hasta extremos orwellianos al afirmar que estamos unidos y trabajamos de forma colaborativa, como dos aliados soberanos, pues el uso unilateral de la fuerza armada por parte de su gobierno supone la negación de la soberanía mexicana y del resto de las naciones. La única manera en que Estados Unidos puede mostrar su voluntad de cooperar en un marco de respeto a la soberanía es retirando la amenaza de emprender acciones bélicas fuera del mandato de la ONU aquí o en cualquier otra latitud.
Como recordó la Secretaría de Relaciones Exteriores ante las declaraciones del embajador, la atención a las causas que provocan las adicciones y el combate al trasiego de armas hacia el sur son tan importantes como la lucha contra el flujo de estupefacientes hacia el norte. Asimismo, la legación diplomática y el gobierno al cual representa deben tomar nota de que México no acepta ni aceptará la participación de fuerzas militares estadunidenses en nuestro territorio, y de que toda cooperación bilateral ha de basarse en los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, igualdad soberana, respeto a la integridad territorial y cooperación sin subordinación.
