Querétaro,Qro. La mañana de este martes, integrantes del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, interpusieron una queja formal ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) en contra de diversas dependencias por una redada de la Policía Estatal (POES) ocurrida el pasado 4 de junio de 2025, en la que fueron detenidos sin motivo alguno cinco jóvenes otomíes y la activista, Estela Hernández Jiménez, por grabar en video el operativo policíaco con el fin de documentar las agresiones, lo que calificaron como acto de represión del gobierno encabezado por el panista, Mauricio Kuri González.

Los cinco jóvenes que en aquella ocasión fueron detenidos junto con Estela Hernández, y liberados horas después son: Jesús Torres, Leonardo García, Martín Álvarez, José L. y Uriel D. 

Acompañados por representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, integrantes del Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán exigieron a Javier Rascado Pérez presidente de la DDHQ "se dé por recibida la queja; se inicie la investigación pertinente para esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos de la y los agraviados".

También,"tomar, dentro de sus facultades, todas las medidas cautelares que se consideren necesarias para asegurar el respeto y protección de los derechos de Estela Hernández y la comunidad de Santiago Mexquititlán; dar cauce a las recomendaciones integrales y completas a todas las instancias responsables para la reparación de daño, el castigo a los culpables, y las medidas de no repetición". 

Tras leer el pronunciamiento, las voceras del Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, vestidas con sus atuendos indígenas y tradicionales entraron a las oficinas de la DDHQ donde ingresaron la queja en contra de la POES, la Secretaría del Gobierno Estatal, el Poder Ejecutivo de Querétaro, el gobierno municipal de Amealco y otras dependencias.

Pidieron "a las personas de buen corazón del pueblo organizado a vigilar y dar seguimiento a la queja, para garantizar que haya justicia y respeto a los pueblos originarios de Querétaro". 

En el pronunciamiento que previamente habían leído afuera de la DDHQ, los integrantes del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, señalaron que el gobierno estatal de Querétaro ha tratado de justificar la represión a través de lo que calificaron como mentiras.

"Sin pruebas, se afirma que las personas detenidas “enfrentan graves acusaciones”, cometieron “alteraciones al orden público”, discursos que utilizan para atenta contra el derecho a la manifestación pacífica, lo cual se han utilizado históricamente para justificar la represión". 

"Preocupa la instrumentalización del discurso construido días subsecuentes (a la represión) por autoridades y medios de comunicación afines al gobierno del estado de Querétaro, en el afán de legitimar la violencia de estado cometidos el 4 de junio, no sólo niegan la responsabilidad en las vulneraciones, sino que estigmatizan, difaman y criminalizan tanto a los habitantes de Santiago Mexquititlán como a las personas directamente afectadas con las detenciones". 

Los miembros del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, tras puntualizar que las detenciones se debieron a la molestia del gobierno estatal por la postura de ese poblado a oponerse a la privatización del agua que pretende el gobierno de Mauricio Kuri y a la defensa del territorio, explicaron que alrededor de las 18 horas del 4 de junio pasado, elementos de la Policía Estatal (POES) a bordo de las patrullas 4941,ER-391A-1, y 0620 ingresaron a los barrios Primero, Sexto y Donica del poblado y detuvieron con lujo de violencia y sin ningún tipo de ordenamiento judicial a los jóvenes los cuales fueron trasladados a las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal (DIF), incomunicados y sin la posibilidad de ser asistidos por un abogado ni un intérprete, sin la presentación previa de orden de aprehensión.

"Por lo vivido, se puede interpretar que el DIF se presta a falsificar dictámenes médicos como mecanismos de fabricación de delitos. Durante nuestra estancia no certificaban daño, más bien escribían órdenes de la POES que favorecían para criminalizarnos; incluso ahí mismo mencionaron varias veces hubiera sido más fácil si les hubiéramos sembrado droga", dijo uno de los detenidos.

Estela Hernández, integrante del Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán, delegada del Congreso Nacional Indígena e integrante de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, acudió a las oficinas del DIF para grabar en video las condiciones en que estaban los muchachos. "Fue agredida física y sexualmente por un grupo de al menos 10 policías cuando preguntó el motivo de la detención y por la integridad física de los demás detenidos"

Además de los golpes, señalaron, “le expresaron violentamente que ya estaban hartos de ella".

"Estos hechos, revelan cómo, bajo un discurso de supuesto orden público y prevención, el estado de Querétaro perpetúa y profundiza prácticas históricas de desprecio, imposición de terror, estigmatización, odio, racismo fabricación de delitos, despojo y dominación, patriarcal dirigido a defensores del territorio en este caso a Estela Hernández, por su labor en la defensa territorial y de los derechos humanos, por su género, ser mujer indígena por la ideología política (no partidista) zapatista.

Finalmente, en la queja se establecieron diversas violaciones a los Derechos Humanos,  entre ellos el de igualdad igualdad y no discriminación contra los pueblos indígenas.

También violencia en contra de las mujeres, luego de que los policías realizaron "comentarios humillantes, tocamientos que denotan una actitud de abuso de poder y sexismo, en particular contra de la activista, Estela Hernández, única mujer que fue detenida, y la única persona con agresiones de mayor impacto con uso de fuerza desmedida, desde un enfoque de tortura especializada que tiende a dañar intensamente y gravemente físicamente, que de primer momento puede no dejar marca hasta días subsecuentes, pues las lesiones son en su mayoría internas".

También hubo violación a la libertad personal en virtud de la detención arbitraria.