Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, entre otras organizaciones civiles, celebraron la liberación de Silverio Reyes, indígena otomí, privado de su libertad en Veracruz con pruebas en su contra obtenidas bajo tortura.
En un comunicado, expusieron que la decisión fue tomada por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Huayacocotla, Raymundo Torres Martínez, quien se pronunció en contra de este tipo de pruebas presentadas por la Fiscalía del Estado.
Refirieron que la acusación en contra de Silverio, preso casi dos años por presunto homicidio, se basó en la declaración de Diego Fernando Bonilla, quien fue torturado por agentes de la Policía Ministerial de Veracruz en 2023 “para que rindiera un falso testimonio, hecho que fue denunciado inmediatamente pero que no ha sido investigado hasta ahora”.
Indicaron que estos casos son muestra de la prevalencia del uso de la tortura en México, “en particular de las policías de investigación y fiscalías que recurren a la práctica reiteradamente”.
Resaltaron que de acuerdo con el Informe Nacional del Registro Nacional del Delito de Tortura 2025, el estado de Veracruz concentra 3 mil 331 expedientes abiertos por tortura de 2018 a 2024, “convirtiéndolo en la entidad federativa con más casos reportados a nivel nacional en el periodo”.
Las personas indígenas, apuntaron, “representan el segundo grupo en situación de vulnerabilidad con más casos de tortura en su contra con 819 casos a nivel nacional registrados, lo cual tiene impactos a niveles individuales y comunitarios”.
Las organizaciones destacaron que la resolución del juez Torres “contribuye a fortalecer la denuncia de Diego sobre la tortura que sufrió, ya que el juez no pasó por alto su declaración”.
Ante ello demandaron a la Fiscalía del Estado reconocer su responsabilidad institucional y actuar con la debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables, y garantizar justicia tanto para Diego como para las víctimas directas de los hechos del 29 de mayo de 2023.
Indicaron que durante la audiencia, el juez reconoció la gravedad de lo sucedido en contra de Diego y determinó dar vista a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que investigue esta violación a sus derechos.
“Además, reconoció que la Fiscalía no actuó adecuadamente a lo largo del proceso penal y señaló que se violaron los derechos a los pueblos y comunidades indígenas involucradas, al no adoptarse una perspectiva intercultural, como lo exige el marco nacional e internacional”, expusieron.
