Ciudad de México. Ex empleados de bancos liquidados entre 2001 y 2007 —Cremi, Unión, Obrero y Oriente— realizan un “plantón pasivo” frente al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para exigir el restablecimiento del servicio médico que recibían a través del fideicomiso 10069, creado con recursos derivados de dichas liquidaciones.

Los manifestantes acusan que, desde junio, la atención médica fue suspendida sin aviso ni justificación, y denuncian opacidad en el manejo de los más de 750 millones de pesos que aún conserva el fideicomiso, el cual fue constituido con fondos de aproximadamente 350 personas, hoy en su mayoría adultos mayores.

“A finales de mayo nos enviaron un escrito en el que nos informaron sobre la cancelación de los servicios médicos. Solicitamos al IPAB una mesa de trabajo para reinstalar estos servicios, como quedó estipulado en el fideicomiso”, indicó en entrevista Alma Ortiz, abogada de los fideicomisarios.

Según documentos entregados por los manifestantes, el 29 de mayo la Asamblea de Fideicomisarios del fideicomiso 10069 les notificó que “desde el 1 de junio y hasta nuevo aviso, posiblemente hasta principios de noviembre del presente año, quedarán suspendidos los servicios de hospitalización para casos de urgencia”.

Exigen cuentas

El pliego petitorio entregado al IPAB recuerda que ese instituto, como causahabiente de los bancos liquidados, asumió la responsabilidad de cumplir con los pasivos laborales. Para ello se implementó un esquema financiero que incluyó dos pólizas de renta vitalicia contratadas con la aseguradora Allianz.

Una de ellas se destinó a integrar anualmente el patrimonio del fideicomiso 10069, administrado fiduciariamente por Bansefi, hoy Banco del Bienestar.

“Durante más de 12 años la administración de este fideicomiso ha estado marcada por la opacidad, la negligencia y la falta de probidad en la toma de decisiones, sin que la fiduciaria haya cumplido con su deber de supervisión y rendición de cuentas”, señala el documento.

Entre las consecuencias, los manifestantes enlistan la degradación progresiva del servicio médico, su suspensión total, la negativa a reconocerlos como fideicomisarios y actos de represalia, como el retiro del servicio médico a quienes exigieron transparencia.

Solicitudes al IPAB

Solicitan al IPAB que, en su calidad de fideicomitente, asuma el control efectivo del fideicomiso, garantice el cumplimiento de sus objetivos y, de ser necesario, finque responsabilidades al Banco del Bienestar por su actuación como fiduciario.

Asimismo, piden una auditoría técnica y financiera de los últimos 12 años de administración, que se transparente la integración de las mesas representativas del fideicomiso —que, aseguran, no se han renovado ni legitimado—, y que se restablezca de forma inmediata el servicio médico con los estándares originales.

Aseguran contar con documentos, testimonios y contratos que respaldan sus demandas, mismos que serán presentados durante la reunión urgente que solicitan al IPAB.

“Apelamos a la vocación institucional del IPAB como garante de los derechos derivados de los procesos de liquidación bancaria. Está en riesgo nuestra vida. Exigimos que actúe de forma inmediata y decidida”, concluye el pliego.