Son días tensos, confusos, veloces, sin que sea posible determinar cuál será su resultado y mucho menos las consecuencias concretas. 

Las relaciones entre Lula da Silva y el Congreso, en especial con la Cámara de Diputados, oscilaron de una casi-casi ruptura a una muy posible negociación detectada al principio de la noche. Todo eso ocurrió a lo largo del viernes pasado. 

En mayo, el gobierno informó que reformaría las tasas del IOF, el impuesto sobre operaciones financieras que, como dice el nombre, son aplicadas desde las tarjetas de crédito y, llegando al comercio, a cualquier acción relacionada con el dinero, pasando por el movimiento de las grandes fortunas y empresas hasta los préstamos bancarios. 

Sería, de acuerdo con el ministro de Economía, Fernando Haddad, figura destacada en el Partido de los Trabajadores –el PT de Lula–, una forma de aumentar la recaudación y obtener más recursos para proyectos sociales. En otras palabras, quitarle algo más a los ricos y pasarlo a la sociedad, más específicamente, a los pobres. 

Además, contribuiría a mantener el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, otra promesa de Lula. 

El gobierno anunció, a fines de mayo, un proyecto concreto de reforma del IOF y lo divulgó semana pasada en forma de decreto. 

De inmediato, la Cámara de Diputados, presidida por el derechista Hugo Motta, lo anuló, atropellando un derecho del Poder Ejecutivo garantizado por la Constitución. 

Motta es conocido por cerrar acuerdos con el Ejecutivo que luego, en parte importante de las veces, cumple apenas parcialmente o deja de cumplir; y en otras ocasiones ignora lo acordado. 

Frente a este impasse, Alexandre de Moraes, el más activo y combativo integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), instancia máxima de la justicia en el país, decidió intervenir. 

Suspendió los dos decretos, tanto del del Poder Ejecutivo como el del Legislativo que lo anuló, y convocó los antagonistas a una negociación el martes de la semana que viene, 15 de julio. 

Luego de la reunión, Moraes decidirá cómo actuar, si manteniendo la suspensión de las medidas adoptadas por la Cámara y permitiendo la iniciativa del gobierno de Lula u otra cosa. 

A esas alturas, Lula ya había movido el aparato jurídico de su gobierno, de la fiscalía a la defensoría, para anular el decreto de Hugo Motta, que, vale reiterar, atropelló el derecho que la Constitución garantiza al Poder Ejecutivo. 

Queda ahora por ver cómo se darán las negociaciones determinadas por Alexandre Moraes entre Ejecutivo y Legislativo. Una reunión está convocada para el día 15, pero podrían ocurrir otras. De todas formas, fuentes del gobierno admiten que será necesario introducir algunos cambios en la propuesta inicial. 

Al iniciar la noche del viernes sobrevino otra sorpresa: Hugo Motta dijo que la Cámara estudiará una manera de reducir el volumen de la enmiendas del presupuesto, o sea, los valores destinados a la base de electoral de cada parlamentario, tanto diputados como senadores. En total están previstos 10 mil millones de dólares para las enmiendas, parte del presupuesto nacional. 

Lo anterior sería una manera de contribuir a contener los gastos de ese presupuesto y colaborar al equilibrio fiscal. 

Motta, además, aseguró que la Cámara aprobaría otras iniciativas del Ejecutivo, como eliminar el impuesto sobre la renta para quien gane hasta el equivalente a mil dólares mensuales. 

Esa es una medida de interés del gobierno, pero con menos peso que lo que sigue pendiente. Por eso queda ahora por ver si habrá en el caso del IOF algún acuerdo que resulte satisfactorio tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. 

Y hasta ahora, nadie arriesga una apuesta.