Puebla, Pue. Tras una década de litigio, el Pueblo Maseual ha logrado librar a sus tierras de la amenaza de la minería, pues el Poder Judicial Federal dio por cumplida la sentencia de amparo que cancela definitivamente las concesiones “Atexcaco I”, “Atexcaco II” del grupo Ferrominero y “Macuilquila” de Minas Santa Martha S.A. de C.V, informó Francisco Xavier Martínez Esponda, integrante de Territorios Diversos para la Vida (TerraVida), organización que acompañó y representó legalmente a las comunidades maseual asentadas en Tlatlauquitepec, Yahonáhuac y Cuetzalan del Progreso. 

El jueves de la semana pasada, explicó el abogado en entrevista con La Jornada de Oriente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa desestimó en definitiva un recurso de las empresas mineras que buscaba echar abajo un proceso de consulta para consentimiento diseñado y construido colaborativamente entre el Consejo Maseual Altepetajpianij, la Secretaría de Economía y el INPI. Esta decisión significa que ha quedado firme el proceso que culminó con la cancelación judicial de los títulos de concesión referidos y que implicó que la Secretaría de Economía emitirá un pronunciamiento sobre la improcedencia de los tres proyectos extractivos, su cancelación en el Registro Público de Minería, y la actualización de la cartografía de la región. 

Martínez Esponda enfatizó que, para cumplir con las sentencias ganadas por los maseual en 2018 y 2022 hubo que trabajar con un enfoque pluricultural y colaborar con las distintas autoridades involucradas para diseñar un proceso inédito de consulta para consentimiento, que implicó el reconocimiento de sus autoridades (asamblea y Consejo Altepetajpinij) y sus sistemas normativos propios (usos y costumbres) para así lograr reparar los derechos violados.

“Lo que aquí ocurrió es extraordinario y puede inspirar a otros pueblos y comunidades que buscan proteger sus territorios” afirmó.  

Explicó que en el juicio de garantías también se reconoció que cuando hay cruce de proyectos mineros con los derechos de pueblos originarios, es claro que los proyectos de vida de los pueblos son relegados sin justificación. La minería hace que los pueblos tengan que vivir con una carga excesiva y en una permanente expectativa, lo que genera angustia, por lo que se deben atender las garantías que le consagran los artículos 2 y 27 constitucionales y 13 y 15 del 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Litigio de 10 años 

En 2014, en asamblea, el Pueblo Maseual que habita en Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonáhuac decidió defender en tribunales su territorio frente a la amenaza que representaban los proyectos Atexcaco I”, “Atexcaco II” del grupo Ferrominero y “Macuilquila” de Minas Santa Martha. El 17 de marzo del año siguiente, las comunidades indígenas tramitaron un juicio de garantías que fue tramitado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo en Puebla. 

El 16 de marzo de 2022, el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, emitió la sentencia a favor del Pueblo Maseual, pero la contraparte no estuvo conforme con el proceso de cumplimiento de sentencia y decidió acatar la resolución, que finalmente fue confirmada el jueves pasado.  Para Francisco Xavier Martínez Esponda, el litigio entero demuestra por qué es es importante que las comunidades indígenas apuesten por la vía judicial para la defensa de sus derechos y advirtió que las aportaciones hechas en particular por el Pueblo Maseual en este caso, pueden ser tomadas para procesos legales similares, pues se demuestra que “se puede trabajar desde el principio de pluralidad para la protección de sus proyectos de vida, sus territorios y de la naturaleza misma”. 

El abogado ambientalista sentenció que gracias a esta lucha jurídica el Pueblo Maseual vuelve a tener su “territorio libre”.