Ciudad de México. Senadores y diputados de la 4T demandaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores evaluar nuevas rutas legales, diplomáticas y multilaterales para responsabilizar a los fabricantes de armas de Estados Unidos del trasiego ilegal de armamento con que se surten a la delincuencia organizada en México.

En un punto de acuerdo presentado por los senadores del PT, Alberto Anaya, Geovanna Bañuelos, Lizette Sánchez y la diputada Yeidkol Polevnski, al que se sumaron los Morenistas Emmanuel Reyes y Oscar Cantón Zetina, se hace notar que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó la demanda inédita contra once fabricantes de armas, entre ellas Smith & Wesson y Colt, presentada en el 2021 por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esa acción judicial no buscaba culpar al gobierno de Estados Unidos, sino a empresas que promocionan armas dirigidas a un mercado criminal, con modelos decorados con símbolos del narco o automáticas fácilmente convertibles en armamento de guerra. La demanda fue respaldada por diversas organizaciones a nivel mundial, como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras que han insistido en la necesidad de regular el comercio, transfronterizo de armas.

El argumento de la Suprema Corte estadunidense, resaltaron, fue que México no demostró que las empresas demandadas han participado directamente en el tráfico ilícito de armas. Sin embargo, o “la batalla no ha terminado”.

Los legisladores hicieron notar que México, mantiene una segunda demanda contra tiendas de armas en Arizona, cuya conexión con el tráfico ilegal es más directa frente al fallo injusto de la Corte de Estados Unidos y “es un llamado a no rendirse”, porque si el armamento cruza las las fronteras, la justicia debe debe aprender a hacerlo también”.

Detallaron que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre 2000 y 2020 ingresaron ilegalmente a México aproximadamente 2.5 millones de armas. Es decir, un promedio de 500 mil por año.

Las consecuencias de ello recalcan, son comunidades enteras de Guerrero, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, que han sido desplazados por grupos que tienen armas de asalto y automáticas de alto calibre, “imposibles de conseguir legalmente en México”.

 El gobierno mexicano debe impulsar “una postura firme en foros internacionales para avanzar a mecanismos de control sobre le exportación y venta responsable de armas de fuego.