Por más tramoyas, malabarismos semánticos e intentos de blanqueo que haga el régimen colonialista de Benjamin Netanyahu, lo que ocurre desde el 7 de octubre de 2023 en la franja de Gaza se tipifica como genocidio (del prefijo griego genos, que significa raza o tribu, y el sufijo latino cide, que significa asesinato), y está reconocido y codificado por la ONU como delito de lesa humanidad. Hay que terminar, pues, con el mito de la guerra en Gaza. Y con las falsas equivalencias –diseminadas por la CIA y el MI6– entre una potencia militar nuclear regional, que cuenta con el apoyo irrestricto y la complicidad de EU y la OTAN, y la inclaudicable resistencia de un pueblo que lucha por su autodeterminación en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.
Según el derecho internacional, Israel es una potencia ocupante y ha estado impulsando una lógica genocida que es parte intrínseca de su proyecto colonial de asentamiento en Palestina. La naturaleza y escala abrumadoras del asalto israelí a Gaza ha superado los límites de lo inimaginable. Desde su creación, Israel tipifica como un Estado canalla (rogue state o nación fuera de la ley), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas de la Carta de la ONU. Y en la actualidad, cada vez más desacreditado a escala internacional y erosionado el falso recurso del antisemitismo para estigmatizar a sus críticos, el asesino serial Netanyahu sigue aferrándose a la teoría del loco, concepto usado por Richard Nixon, pero que, según Noam Chomsky, fue ideado en los años 50 del siglo pasado por el Partido Laborista de Israel, cuyos líderes “predicaban a favor de los actos de locura”, según recordó en su diario el ex primer ministro Moshe Sharett, y advertían que se volverían locos o potencialmente fuera de control, para beneficiarse y con una extraordinaria fuerza destructiva a su disposición –como en la actual coyuntura–, obligar a sus adversarios a inclinarse ante su voluntad, por temor.
El 20 de mayo, el líder del Partido Demócrata israelí, general retirado Yair Golan, denunció en la emisora pública Kan que Israel está “matando a bebés como pasatiempo” y podría convertirse en un “Estado paria” si no actúa con racionalidad y deja de cometer atrocidades contra civiles en Gaza. En el paroxismo de su perversión, Israel ha transformado Gaza en un mundo sin civiles; en un espacio donde toda la población es un enemigo que debe ser eliminado o desplazado por la fuerza. El 24 de mayo, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, denunció que el bombardeo israelí de la casa de la pediatra Alaa Al-Najjar, que mató a nueve de sus 10 hijos, representaba un “patrón sádico distintivo de la nueva fase del genocidio”. La doctora recibió los cuerpos de sus hijos envueltos en mortajas blancas mientras trabajaba en el hospital al-Tahrir del Complejo Médico AlNasser; ocho estaban carbonizados.
Albanese sabe de qué habla. El 1º de julio de 2024, durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, presentó el informe Anatomía de un genocidio, donde, en su primera línea, apenas tras cinco meses de operaciones militares y bombardeos de saturación del ejército de ocupación, consignaba que “Israel ha destruido Gaza”. El informe concluía, hace ya 11 meses, “que hay motivos razonables para creer que el umbral a partir del cual puede decirse que Israel ha cometido genocidio ya se ha alcanzado”. Una de las principales conclusiones del documento era que el gobierno de Israel “ha distorsionado de manera intencional los principios del jus in bello (rama del derecho sobre el uso de los medios y modos de hacer la guerra), subvirtiendo sus funciones de protección en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino”. Otra conclusión clave era que “Israel ha invocado estratégicamente el marco del derecho internacional humanitario como ‘camuflaje humanitario’ para legitimar su violencia genocida en Gaza”.
Acuñado por el abogado polaco Raphäel Lemkin en 1944, el genocidio, como negación del derecho de un pueblo a existir y el posterior intento (consumado o no) de aniquilarlo, es un proceso, no un acto, y conlleva modos de exterminio y destrucción, que van desde la eliminación física hasta la desintegración forzosa de las instituciones políticas y sociales, la cultura, la lengua, los sentimientos nacionales y la religión de un pueblo. El objetivo de los colonialistas israelíes es hacerse de las tierras y los recursos de los palestinos, y sus métodos, señala el informe, incluye la expulsión, la restricción de movimientos, las matanzas masivas, la asimilación y la prevención de nacimientos. Dice: “De esos actos, la aniquilación genocida constituye la cúspide”. Agrega que “el genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la pretendida defensa propia”. Además, “la complicidad en el genocidio está expresamente prohibida, suscitando obligaciones para terceros estados”.
El informe exhibe como “pruebas directas” de la intención genocida, la “vitriólica retórica” deshumanizante de Israel, incluidos el presidente Isaac Herzog, Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quienes han llamado a “extirpar el mal de raíz” en nombre de “los estados y pueblos... civilizados” (sic), calificando a los palestinos de “monstruos”, “animales humanos”, “cucarachas”, así como la del portavoz de las Fuerzas de Defensa, Daniel Hagari, quien instó a “maximizar los daños”, lo que “demuestra una estrategia de violencia desproporcionada e indiscriminada”. El implacable ataque israelí, que ha provocado el colapso de la infraestructura vital esencial de los gazatíes, se compadece con las intenciones declaradas de hacer de Gaza un lugar “en que la vida sea imposible de forma permanente” y donde “no pueda existir ningún ser humano”.
Lo peor es que para justificar la sistemática violencia letal contra los civiles palestinos, Israel usa términos del derecho internacional humanitario, como “escudos humanos” (pero atribuidos a Hamas, siendo una práctica habitual del ejército israelí según Ap y La Jornada, 25/5/25), “daños colaterales”, “zonas seguras” y otros, como forma de distorsionar las leyes de la guerra; como “camuflaje humanitario”, dice el informe, que le permita atacar “legítimamente” a la población civil de Gaza y sus infraestructuras vitales. Ergo, Israel ha caracterizado el territorio como objetivo militar, aboliendo de facto la distinción entre objetivos civiles y castrenses.
El 28 de abril, Norman Finkelstein señaló que por su modus operandi, la “solución final israelí a la cuestión de Gaza” constituye un “genocidio abierto”. De allí que la nueva Nakba en curso debe detenerse; es un imperativo categórico que debemos a las víctimas de esta tragedia.
