El municipio de San Pedro cuenta, para una población de menos de 150 mil habitantes, con más de 240 parques a los que se suman otros, los más grandes y mejor equipados, llamados “parques emblemáticos”. 

Cinco de esos parques han sido certificados con el premio Green Flag, según el sello de Keep Britain Tidy (¿no hay jardineros nacionales capaces y confiables?), dice en su sitio Parques San Pedro, organismo descentralizado del municipio. El panista Mauricio Fernández, su alcalde por cuarta vez, prometió en campaña desaparecerlo por ineficiente y oneroso para las finanzas municipales. Más que parques de ese tipo, señalaba, era preciso rehabilitar los que se encuentran en condiciones de abandono. 

Pese a ello, Fernández decidió adquirir un terreno propiedad de Akra, una extinta filial del Grupo Alfa, del cual algunos de sus accionistas son miembros de su familia –su hermano Álvaro es presidente de este grupo y él mismo ha sido miembro de su consejo de administración– para edificar un nuevo parque “emblemático” llamado Macroparque del Poniente. El predio cuesta al municipio más de mil 150 millones de pesos (la sexta parte del presupuesto anual de San Pedro, según dos de las regidoras del cabildo). 

Esas regidoras de oposición (Nora Andrade y Érika Monter) denunciaron, de manera conjunta con Vivianne Clariond, ex candidata a la alcaldía de San Pedro, a través del programa Código Magenta, varias de las que consideraron sinrazones e irregularidades en la transacción. Primero, el evidente conflicto de intereses del alcalde Fernández, y su carácter ilegal: no pasó por la deliberación del cabildo, pues sólo fue aprobado por un comité de adquisiciones de reciente creación y a iniciativa de Fernández. También la improcedencia del proyecto, pues se construirá en un área que tuvo antes un uso industrial sin que se le hiciera el correspondiente estudio de impacto ambiental, además de hallarse en una zona cuya densidad urbana es menor. 

E igualmente, su falta de transparencia: a ambas regidoras no les fue enviada previamente ninguna información al respecto; tres horas antes, el sábado anterior a la Semana Santa fueron convocadas a la sesión donde, sin dictamen y con la presencia de contralores ciudadanos que por primera vez asistían a cubrir sus funciones, el proyecto se aprobó en cinco minutos. Días después no les había sido entregado el contrato de compraventa. 

En el curso de las opiniones de las regidoras y la ex candidata a alcaldesa se señalaron decisiones similares donde han resultado favorecidos algunos particulares y la familia de Fernández Garza contra el erario del municipio (entre otros, un terreno con problemas, que no ha podido pasar a propiedad municipal pero que ya se pagó) y a su organización urbana (el probable impacto negativo para las vialidades, ya en vías de colapso, que tendrá la edificación de construcciones de usos mixtos en lo que ahora es la superficie que ocupa el corporativo del Grupo Alfa). 

El cuestionamiento de las regidoras y de otras personalidades de la vida pública de San Pedro es improbable que pueda modificar la decisión del alcalde Fernández Garza en éste y otros casos que comprometen las finanzas y el espacio urbano del municipio. Si en cada uno la autoridad municipal convocara a un referendo, el resultado sería favorable para los intereses de Fernández y su familia. 

Por una sencilla razón: las familias que descienden del tronco genealógico Garza Sada son dueñas de los consorcios Alfa, Femsa, Vitro y Cydsa, que conforman el Grupo Monterrey. Quienes asumen papeles de liderazgo son los accionistas principales, pero también ellos y otros participan como accionistas minoritarios en cada uno de estos corporativos. Y también en muchas otras empresas de Nuevo León. 

San Pedro Garza García es la residencia de numerosos empresarios, funcionarios y empleados medios del conglomerado empresarial donde la voluntad de los intereses de esas familias se impone a la voluntad de los intereses de la comunidad. Dependencia laboral, clientelar, de negocios, favores y patrocinios recibidos conforman un tupido y amplio retículo de relaciones cuya influencia en San Pedro, bajo la potestad de las familias dueñas de ese complejo industrial y comercial, determina decisiones de carácter público. 

Con claridad pudo verse en la pasada campaña electoral. Fernández abandonó abruptamente el primer debate por considerar impropia la opinión de una de sus contrincantes. Este gesto no fue obstáculo para que él ganara holgadamente la elección. No parece que lo pueda ser, tampoco, cualquier juicio o crítica –si la hay– en torno a los bienes muebles de Alfa para que sus dueños encuentren vías despejadas en el municipio de San Pedro bajo el gobierno de Fernández. 

El municipio de San Pedro fue antiguamente una hacienda de origen colonial. Los gobiernos posrevolucionarios pretendían impedir la restauración del latifundio. Y establecieron límites a la tenencia de la tierra. Así, los terrenos de riego no podían exceder 100 hectáreas. Sin embargo, el empresario Alberto Santos pudo adquirir 470 hectáreas en una zona suburbana para el fraccionamiento residencial llamado Colonia del Valle. 

La hacienda rural se reificó en la ciudad, y en ella mandan los neohacendados –alguno de ellos vinculado al huachicol–.