Aunque Human Rights Watch (HRW) asegura que se dedica a la “defensa de los derechos humanos”, la organización internacional ha sido objeto de numerosas críticas por presuntas omisiones y sesgos, especialmente en relación con gobiernos de izquierda en América Latina como Venezuela, Cuba y México. A lo anterior, expertos añaden cuestionamientos por su posible alineación con la política exterior de Estados Unidos.

En Venezuela, HRW ha denunciado reiteradamente al gobierno por “represión de protestas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”. Muestra de ello es el informe que se publicó horas después de la muerte del mandatario venezolano Hugo Chávez (1954-2013) con el título “Venezuela: El legado autoritario de Chávez”.

El medio Counter Punch criticó el reporte ya que contenía “una letanía de violaciones de los derechos civiles y políticos y ni una sola mención a los impresionantes logros del país en materia de derechos económicos, sociales y culturales”.

El medio subrayó que “quizás el logro general más impresionante del gobierno en materia de derechos sociales y económicos fue la asombrosa disminución del número de venezolanos que viven en la pobreza, de 55 por ciento de la población cuando Chávez fue elegido por primera vez en 1998, a 18 por ciento en 2011.

El informe también fue cuestionado por diversos académicos por “falta de imparcialidad y rigor”. En 2008, los representantes de HRW fueron expulsados bajo la acusación de “intervenir en asuntos internos y actuar como un brazo político de intereses extranjeros”.

Como contexto, en Venezuela no solo se ofrece educación gratuita, incluso a nivel universitario, donde los estudiantes pueden aprender las diversas lenguas indígenas del país, sino que, según la Unesco, sus programas han logrado que el país se convierta en una nación libre de analfabetismo y que la matrícula en educación superior se haya duplicado en la última década.

En cuanto al derecho fundamental a la alimentación, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró: “Analizamos las estadísticas sobre el hambre en todo el mundo. Hay 800 millones de personas en el mundo que padecen hambre, 49 millones en América Latina y el Caribe, pero ninguna de ellas es venezolana”.

Además, un artículo del Center for Economic and Policy Research destacó que HRW “ha ignorado las críticas sinceras y bien documentadas en torno a sus conflictos de interés, como cartas por parte de premios Nobel, antiguos altos funcionarios de la ONU y eruditos que instan a la oenegé a que excluya de su personal, asesores o miembros de la junta directiva a quienes hayan elaborado o ejecutada política exterior estadunidense”.

Respecto a Cuba, HRW publicó en 2022 un informe en el que denunció “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” durante la represión de las protestas de julio de 2021, incluidas “detenciones arbitrarias, tortura, censura y restricciones al movimiento”.

Sin embargo, voces críticas como la del medio Rebelión han cuestionado que la ONG no contextualice el papel del bloqueo económico que Estados Unidos ha ejercido históricamente sobre la isla que agrava la situación social, por lo que en su reporte la ONG ignora “una variable estructural determinante” al centrar toda la responsabilidad en el gobierno cubano.

Sobre México, HRW alertó que “nueve de cada diez homicidios en México no son castigados” y denunció la persistente impunidad, así como “la militarización de la seguridad pública que impulsó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador”, cuyo gobierno tiene un “profundo por los valores democráticos, las libertades públicas, los derechos humanos y el Estado de derecho”.

AMLO respondió reiteradamente a las críticas de la ONG, que calificó como sesgadas y parte de una estrategia mediática internacional en su contra. En diversas conferencias matutinas señaló que estas organizaciones “no ven los avances sociales del país” y que están “vinculadas con intereses extranjeros”.

La organización también ha sido cuestionada por su financiamiento y vínculos con el gobierno de Estados Unidos. El medio The Nation reportó que en 2014, dos premios Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Mairead Maguire, junto con más de 100 académicos, firmaron una carta pública pidiendo que la organización refuerce su independencia y excluya de su junta a ex funcionarios del Departamento de Estado estadunidense.

Además, el medio The Intercept reportó que la organización también fue objeto de controversia en 2020, cuando devolvió una donación de 470 mil dólares del empresario saudí Mohamed Bin Issa Al Jaber, tras conocerse que el acuerdo incluía cláusulas que limitaban su activismo pro-LGBT+ en Medio Oriente.