Ciudad de Guatemala. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) efectuó hoy tres allanamientos en inmuebles ubicados en Puerto Quetzal por una denuncia presentada contra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y su hermano Martín.

Según informó el Ministerio Público (MP) mediante su perfil en la red social X, los allanamiento, registro e inspección ocular en esa zona del occidental departamento de Escuintla se realizan por supuestos actos de corrupción.

La denuncia señala que dichos inmuebles están vinculados a una transacción realizada por el mandatario y su hermano, quienes supuestamente entregaron a empresas chinas el control de los puertos en el país, amplió.

Se presume que estos terrenos pertenecen al Instituto de Previsión Militar y al Puerto Quetzal, acotó el ente investigativo.

Tras los resultados de las elecciones de 2023, Arévalo denunció a la titular del MP, Consuelo Porras, como la punta de lanza del Pacto de Corruptos para atentar contra las votaciones y la democracia en la nación.

Una resolución del juez Fredy Orellana avaló una solicitud presentada por la FECI, que desde la primera vuelta de votaciones investiga supuestas ilegalidades cometidas en la constitución del partido Movimiento Semilla en 2018.

La decisión canceló a esa agrupación, que declarada independiente, aparece desde el mismo inicio de la actual administración sin poder presidir alguna de las 34 Comisiones de Trabajo en el Congreso.

El presidente del país divulgó que “el movimiento (Semilla) se construyó con esfuerzo y esperanza”, y que una minoría corrupta quiere intentar silenciar lo que se logró con la energía del pueblo.

La tensión entre ambos escaló en el tiempo, y mientras el mandatario busca remover a Porras del cargo, esta afirmó que las acciones del gobernante atentan contra la Constitución y las calificó de espurias, maliciosas y antidemocráticas.

Aseguró que su organismo cumple con la función de velar por el estricto cumplimiento de la Ley y trabaja fuerte y firme día por día para llevar justicia a toda la población.

Organizaciones indígenas, sociales y estudiantiles desde el propio 2023 exigen en las calles la renuncia de la titular del MP y varios de sus fiscales.