Bogotá. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó el confinamiento de la población civil en el noroeste de Colombia a partir del viernes y durante tres días, en medio de una reciente ola de asesinatos contra militares y policías.

El país atraviesa su peor pico de violencia de la última década, con negociaciones frustradas entre el gobierno y las organizaciones ilegales más poderosas.

La gobernadora del departamento del Chocó (noroeste), Nubia Córdoba, denunció el viernes en la red social X una "nueva escalda de violencia" en la región por los combates entre esa guerrilla y el Clan del Golfo, el principal grupo narcotraficante de Colombia.

El Frente de Guerra Occidental del ELN anunció la prohibición de "cualquier tipo de movilidad" sobre el río Baudó y sus afluentes, en un comunicado difundido el jueves, una zona sin carreteras donde la población se mueve exclusivamente por vía fluvial.

Según la guerrilla, el confinamiento fue ordenado para "evitar afectaciones a la población civil" durante los enfrentamientos con el Clan del Golfo, de origen paramilitar.

Ambos grupos se disputan el control de esa zona clave para el tráfico de cocaína.

Conocidas como "paros armados", las restricciones a la movilidad de la población civil son comunes en regiones dominadas por el ELN.

El anuncio se da días después de que el presidente izquierdista, Gustavo Petro, denunciara el "asesinato sistemático" de al menos 27 policías y militares en las últimas semanas bajo un "plan pistola", al estilo del difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.

El mandatario responsabilizó de algunas de las muertes a disidencias de la extinta guerrilla de las FARC y al Clan del Golfo.

El gobierno también lidera, desde mediados de enero, una ofensiva contra el ELN en una región fronteriza con Venezuela conocida como el Catatumbo, tras una sangrienta arremetida de esa guerrilla contra una disidencia de las FARC que dejó más de 70 muertos y 55.000 desplazados.

Bajo la bandera de una política de "paz total", Petro llegó al poder en 2022 con el propósito de extinguir el conflicto armado interno, que continuó tras la firma de la paz con las FARC en 2016.

Pero en su mandato los grupos armados, financiados por el narcotráfico, se han fortalecido. Unos 22.000 combatientes avivan la guerra de medio siglo, según cifras oficiales, en pleno récord de producción de cocaína registrado por la ONU.