Ciudad de México. Refugiados en el campamento Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), obtuvieron una nueva suspensión de un juez de distrito, para que su ubicación se realice en condiciones de respeto a sus derechos humanos y no de manera forzada.

Una secretaria en funciones de jueza del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México concedió la nueva medida cautelar a 91 migrantes alojados en el asentamiento que la solicitaron a través del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Las personas en tránsito, quienes la semana pasada obtuvieron una suspensión de plano de otro juez de distrito, solicitaron la protección de la justicia federal el pasado 25 de abril contra de autoridades capitalinas y del titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en la CDMX, donde reclamaron la orden deportación y detención.

Al respecto, el IFDP destacó que la suspensión judicial mencionada no impide la intervención de las autoridades de la Ciudad de México para lograr la reubicación los migrantes a mejores espacios; siempre que se realice de manera planificada y voluntaria.

Apuntó que en su resolución, el juzgado ordenó que no se ejecute el traslado hasta que el ofrecimiento del alojamiento humanitario se realice de manera planificada, por ejemplo, mediante la instalación de albergues temporales en los que se respeten los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.

Recordó que desde 2023, el IFDP ha informado y realizado acciones de defensa en favor de las personas migrantes contra los desalojos forzosos de campamentos instalados en la CDMX. En este sentido, indicó que se han interpuesto diversos juicios de amparo con la finalidad para que la reubicación de las personas migrantes se realice en el marco del respeto a sus derechos humanos, proveyendo transportación y alojamientos temporales adecuados, en los que cuenten con condiciones dignas de vida.

“Esta estrategia de defensa comprende también prestar el servicio de asesoría jurídica a fin de que las personas migrantes interesadas puedan obtener ante las autoridades competentes la documentación para regularizar su situación migratoria, solicitar asilo y/o gestionar acceso a servicios y programas sociales”.