Harrisburg, Pensilvania. Agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportaron en los últimos días a una madre nacida en Cuba, separándola indefinidamente de su hija de un año de edad, y en otro caso, deportaron a una niña ciudadana estadunidense de dos años junto con su madre, originaria de Honduras, informaron sus abogados.

Ambos casos plantean interrogantes sobre quiénes están siendo deportados y por qué, y se dan en medio de una batalla legal en tribunales federales sobre si la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump ha ido demasiado lejos y demasiado rápido, a costa de derechos fundamentales.

Los abogados relataron que sus clientas fueron arrestadas durante chequeos rutinarios en oficinas de ICE, sin prácticamente ninguna oportunidad de comunicarse con sus representantes legales o sus familias, y deportadas en un plazo de apenas dos o tres días.

Un juez federal en Luisiana expresó dudas sobre la deportación de la niña de dos años, señalando que el gobierno no ha demostrado que el proceso se haya llevado a cabo de manera adecuada.

La Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Proyecto Nacional de Inmigración y varias otras organizaciones aliadas afirmaron en un comunicado que ese caso, junto con otro ocurrido en Nueva Orleans que implica la deportación de niños ciudadanos estadunidenses, representa “un abuso de poder impactante –aunque cada vez más común–”.