Un juez federal del estado de México le otorgó una suspensión de plano al ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, quien interpuso un nuevo juicio de amparo contra actos de incomunicación. El ex servidor público reingresó a principios de abril al Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, ya que se le sigue un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho.
El ex gobernador promovió el recurso el pasado 14 de abril ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el estado de México, donde señaló que desde su reingreso el 2 de abril, cuando se le revocó la medida cautelar de arraigo domiciliario, las autoridades del penal federal del Altiplano lo mantienen incomunicado.
En su demanda, su abogada, Pamela de Jesús Ramírez Cruz, dijo que no ha podido visitar a su cliente para entrevistarlo por medio de los locutorios, ni por llamadas telefónicas, lo cual, sostuvo “es una violación grave al derecho humano la defensa técnica en materia penal”, ya que se le impide prepara su estrategia legal, “bajo el ilegal argumento de que solo tiene derecho a una llamada telefónica semanal por un lapso de 10 minutos, la cual debe elegir con quien usar (Familia o Abogado)”.
Por ello, Juan Pablo Cortés Torres, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Penal con residencia en el estado de México, le concedió a Marín Torres la suspensión de plano y ordenó a las autoridades del Altiplano cesar de inmediato el acto reclamado y le permitan entrevistarse con sus familiares y/o defensores.
El ex gobernador gozaba desde el 14 de agosto del año pasado de prisión domiciliaria en su casa de Xilotzingo, Puebla, después de poco más de tres años de prisión preventiva en la cárcel federal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, con brazalete electrónico y supervisión directa.
A Mario Marín se le acusó de haber ordenado la detención ilegal y tortura de Cacho en 2005, luego de que la periodista publicó un libro sobre la existencia de una red de explotación sexual infantil que implicó al empresario Kamel Nacif, amigo del ex servidor público.
