Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), fue deportado ayer de Estados Unidos para ser entregado a las autoridades mexicanas y luego ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en Almoloya de Juárez.
El ex mandatario y ex militante del PRI fue entregado por la mañana en el cruce fronterizo que une a Tijuana, Baja California con San Isidro, California, donde lo recibieron elementos de Interpol México, dependientes de la Fiscalía General de la República, quienes cumplieron dos órdenes de aprehensión: una por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud y otra por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por avión, las autoridades transportaron a Yarrington al Aeropuerto Internacional de Toluca para que luego fuera trasladado vía terrestre a dicho penal de máxima seguridad.
Se prevé que hoy comparezca ante el juez que lo requiere, en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
La deportación se da después de que fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia; un año después, en abril de 2018, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó múltiples cargos. Un testigo protegido que formó parte del cártel del Golfo lo acusó de que en su calidad de gobernador facilitó el tráfico de drogas, recibió sobornos y lavó dinero.
En marzo de 2021 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero y de admitir sobornos de más de 3.5 millones de dólares que utilizó para adquirir propiedades en ese país europeo, entre otros delitos.
Por ello, en marzo de 2023 fue sentenciado a nueve años en la penitenciaría Thomson, en Illinois, pero obtuvo liberación anticipada el 3 de julio de 2024.
El 22 de enero de ese año, la FGR solicitó una orden de aprehensión contra él por presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.
La solicitud fue hecha ante el juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, pero la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo devolvió el expediente original de la causa penal para que el Ministerio Público Federal subsanara deficiencias existentes.
El caso se relacionó con una averiguación previa de la entonces Procuraduría General de la República, de enero de 2009, donde inició una investigación contra Yarrigton, que involucraba a los empresarios Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, señalados por presunta operación de una red de lavado de dinero del cártel del Golfo, que incluía el financiamiento de campañas políticas.
