Ciudad de México. A una semana de su desaparición, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) celebró este miércoles su penúltima sesión, en la que el comisionado presidente, Adrián Alcalá Méndez, expresó su preocupación por la calidad de las respuestas que los sujetos obligados están brindando a las solicitudes de información que presenta la ciudadanía.
Durante la sesión, se analizó el caso de un ciudadano que solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) un registro en formato Excel sobre los mexicanos y extranjeros deportados entre 2016 y el 16 de diciembre de 2024, incluyendo el estado al que llegaron. En respuesta, el INM proporcionó un hipervínculo a boletines estadísticos e indicó no haber localizado la información específica sobre la cantidad de extranjeros deportados, aunque compartió un cuadro con datos de personas extranjeras detectadas en la frontera norte desde 2020. Inconforme con la respuesta, el solicitante presentó una queja ante el INAI.
La ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena determinó que el INM no realizó una búsqueda exhaustiva y no consultó a todas las unidades administrativas competentes, por lo que el pleno del INAI ordenó al INM que entregue la información en formato abierto.
Al respecto, Ibarra Cadena destacó que “conocer los detalles sobre personas de origen extranjero deportadas a México desde Estados Unidos es necesario para articular políticas públicas que permitan atender este creciente fenómeno desde una perspectiva respetuosa de su dignidad humana”.
Por su parte, Alcalá Méndez enfatizó la preocupación que genera este tipo de respuestas, sobre todo en un momento en el que el INAI está por desaparecer. “No solo se incumple con la rendición de cuentas, sino que también se desatiende la obligación de documentar las acciones gubernamentales”, señaló.
En la sesión, Alcalá Méndez destacó que el INAI está a una semana de su extinción. El pleno del INAI acordó suspender algunas facultades del organismo y aprobó acuerdos administrativos relativos al futuro de sus trabajadores.
Alcalá Méndez mencionó que cuando desaparezca el INIA se pondrá fin a un sistema que, desde su autonomía, amplió la lista de sujetos obligados -personas o entidades que deben cumplir con obligaciones establecidas en las leyes de transparencia- de 249 a 698, incluyendo dependencias gubernamentales, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos.
“Seguiremos resolviendo hasta el último momento garantizando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales”, concluyó el comisionado presidente.
