Ciudad de México. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, señaló que para tener un proyecto de ley completo para los pueblos indígenas y afromexicanos deben quedar establecidos los medios y los recursos jurídicos que se usen en caso de incumplimiento de las normas sustantivas y desde luego las sanciones que correspondan.

Durante la sexta reunión del Comité técnico asesor del proyecto de ley se discutieron en cuatro mesas de trabajo temas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres, la niñez, juventud y las personas residentes y migrantes.

Para la representante de la consejería jurídica del Ejecutivo Federal, Ángeles Arcos, el proyecto de ley se configura como una herramienta normativa que será un cambio cualitativo en las actuaciones de las autoridades, de las personas juzgadoras y de la propia defensa de las comunidades y los pueblos.

Los integrantes, instalaron cuatro mesas de trabajo con los siguientes temas: Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Derechos de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas; Derechos específicos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas, migrantes y residentes indígenas; y Responsabilidades, Procedimientos y Sanciones.

Durante la instalación de la sesión, Regino Montes, aseveró que la próxima ley será el resultado que ha sido forjado al calor de las luchas, al paso del tiempo y de la historia.

Agregó que se espera consolidar “una ley que transforme la realidad y que concrete el mandamiento constitucional; para que los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas participen de manera real y efectiva en el ejercicio de sus derechos”.

En cuanto al trabajo que se ha desarrollado en las sesiones pasadas, estas incluyen la aprobación de la estructura de las disposiciones preliminares; la revisión del Derecho y Deber de la Consulta Libre, Previa e Informada; y la entrega de la Propuesta del Libro Segundo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas.