Ciudad de México. El consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Pablo Arrocha, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, y el abogado Steve Shadowen, representantes legales de México en las dos demandas contra fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos.

En seguimiento a las indicaciones del canciller Juan Ramón de la Fuente, el consultor Jurídico viajó a Washington D.C., para supervisar también la preparación de la audiencia que se celebrará el próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, como parte de la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte federal de Massachusetts, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El máximo tribunal estadunidense analizará si las empresas demandadas gozan de inmunidad, aun cuando sus prácticas facilitan el tráfico ilícito de armas hacia el sur de la frontera.

Igualmente, el equipo discutió la estrategia a seguir en el litigio en Arizona, que ha avanzado favorablemente para México a una nueva etapa para recabar evidencia.

Como parte de la estrategia integral para el combate al tráfico ilícito de armas, México presentó una primera demanda en Boston, Massachusetts, contra ocho empresas fabricantes y distribuidoras de armas en 2021. Un año después, se presentó una segunda demanda en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas en ese estado fronterizo.

Recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, publicó que estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200 mil armas provenientes de ese país. Esto es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aun cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado.

“El gobierno de México seguirá fortaleciendo su estrategia integral en el combate al tráfico ilícito de armas, explorando todas las vías legales a su alcance en los planos nacional, regional y global, para reducir los flujos de estos productos que generan violencia en nuestro país”, señaló la Cancillería.