Quito. Las imágenes de cadáveres putrefactos en la ciudad de Guayaquil, recordaron lo ocurrido en las primeras semanas de la pandemia y con ello la reiterada crítica de que el sistema de salud y las morgues evidencian un servicio público alicaído con el llamado “austericidio neoliberal” desde hace siete años en Ecuador.
Según las denuncias y la respuesta oficial, más de 200 cadáveres putrefactos de personas asesinadas quedaron expuestos y apilados tras una avería en los contenedores refrigerantes en la morgue principal de esa ciudad costera. Por eso, los agentes policiales, casi de inmediato retiraron los cadáveres en descomposición.
Lo que llama la atención es que esos cuerpos serían de delincuentes supuestamente asesinados en disputas de bandas y de víctimas de los ataques de los grupos criminales dado el recrudecimiento de la violencia en las últimas semanas. De acuerdo con los principales testimonios, esta situación se agrava cada día porque los familiares de los fallecidos no se acercan a identificarlos por temor a represalias de las bandas delincuenciales.
Solo en este año, habría más de mil 300 crímenes en Guayaquil. Pero a la morgue de esa ciudad llegan cadáveres de poblaciones aledañas como Posorja, Playas, Tenguel, Samborondón, Daule y Durán, está última ahora considerada la ciudad más violenta del mundo por el portal Inside Crime. Sin embargo, la ministra del Interior, de origen mexicano, Mónica Palencia, insiste en que las muertes violentas se han “reducido en un 99%” en lo que va del 2024.
Todo empezó cuando el mal olor inundó los alrededores de las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de Guayaquil, en un sector populoso de esa ciudad. Frente a ello, al caer la tarde del martes último, el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses difundió un comunicado en sus redes sociales explicando que dos contenedores refrigerados del Laboratorio de Criminalística de Guayaquil han sufrido daños por las variaciones eléctricas registradas hace semanas atrás en todo el país.
Eso sí, esa institución no dejó de lado lo que también es motivo de preocupación general, no necesariamente de ocupación inmediata del gobierno de Daniel Noboa: “debido al incremento de violencia criminal en el país hay un mayor número de cadáveres de personas desconocidas, a quienes se cataloga como NN (no identificados ni retirados por sus familiares)”.
Desde enero, uno de esos contenedores dejó de funcionar y los cadáveres fueron trasladados al único que seguía operativo. Y para los funcionarios encargados de esa tarea es una situación horrorosa pues han dicho que muchos de esos cuerpos están despedazados, con los miembros y cabezas sin identificar y guardadas en bolsas plásticas que aceleran la descomposición.
