Zacatecas, Zac. En respuesta a diversas denuncias que han llegado al senado de la república, sobre la operación de minas clandestinas que presuntamente son explotadas por grupos de la delincuencia organizada, en diferentes lugares de la república mexicana, tres legisladores del Partido del Trabajo en la Cámara Alta, pidieron a los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Defensa Nacional, del Servicio Geológico Mexicano y a los Gobiernos de los 32 estados del país, “implementen medidas para la localización y clausura de predios dedicados a la extracción ilegal de minerales propiedad de la Nación, y se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables”.

Encabezados por la senadora zacatecana Geovanna Bañuelos de la Torre, así como por Cora Cecilia Pinedo Alonso y Joel Padilla Peña, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron un punto de acuerdo que ya fue turnado a la Comisión de Defensa Nacional.

La participación ilegal de los grupos delincuenciales en la minería de oro y plata en México, principalmente, se debe a los importantes dividendos que esta actividad rinde a sus operadores, pues en la primera semana de mayo del presente 2004, por ejemplo, la onza del metal dorado, se cotiza en promedio en 2 mil 300 dólares la onza, es decir, 28.35 gramos.

En el documento presentado ante el pleno, se informó abiertamente sobre esta problemática, con casos denunciados por habitantes directamente o que se conocen a través de su difusión en medios de comunicación locales y regionales, con distintas formas de operar, donde, “los cárteles se dedican a la minería de diversas formas: en algunos casos cobran a las empresas una cuota por cada tonelada de minerales que extraen; en otros les obligan a utilizar sus camiones para transportarlos y en algunos más obligan a los propietarios de yacimientos a prestar sus permisos de explotación, para exportar de forma legal el producto”.

Asimismo, los senadores del PT expusieron que, en otros casos, los grupos criminales toman el control total de una operación minera, usándola como fuente de ingreso. Entre muchos ejemplos, se señaló, en nuestro país el problema se ha denunciado ocurre, “en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) le negara a la empresa Angeles Mine Corp, los permisos ambientales para operar la mina, debido que no se había consultado a las comunidades aledañas, desde 2022 el Cartel de Sinaloa se apoderó del predio extrayendo oro sin ninguna regulación ambiental”.

En el punto de acuerdo de los senadores petistas también se expone cómo, en el caso de la mina El Pilón, ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco, cerca de la frontera con Zacatecas, la cual produce oro y plata.

En ese lugar, en febrero de 2017 –se documenta-, “integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresaron por la fuerza a la mina y robaron oro y otros minerales, durante los próximos años la minera operó de manera intermitente hasta 2021 que el cártel se apoderó de las instalaciones intentándola hacerla producir”.

“Incluso se han registrado casos como el de Chicomuselo en Chiapas en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación explota ilegalmente una mina de barita, en enero del presente año se registró un enfrentamiento con el Cártel de Sinaloa, provocando que 700 habitantes del ejido Nuevo Morelia, decidieran dejar su hogar”.

Además, incluyen en su punto de acuerdo los senadores del PT, de incurrir en la práctica de extorsión a concesionarios y del acaparamiento de los predios e instalaciones mineras, el crimen organizado está relacionado con el robo de autotransporte de carga de concentrados mineros.

Sólo entre 2008 y 2012, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) contabilizó 7 averiguaciones previas por robo de cargamentos a mineras en Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas.

“El robo de cargamentos de oro y plata a compañías mineras es utilizado como una forma de transacción entre cárteles mexicanos, con otras organizaciones transnacionales y como un método para limpiar el dinero que obtienen del trasiego de enervantes; a partir de 2015 diversos grupos criminales perpetraron robos más elaborados. En abril de 2015, un comando armado robó 7 mil onzas de oro de la mina El Gallo 1, en Mocorito, Sinaloa, operada por la empresa McEven Mining”.

Entre muchos otros casos documentados de intervención de los grupos del crimen organizado en la actividad minera, se recordó cómo, en febrero de 2019, la empresa minera de capital canadiense Telson Mining Corp, denunció un complejo esquema de robo y transporte de zinc y concentrados de plomo de la mina Campo Morado en el estado de Guerrero, en el cual estaban involucrados algunos choferes de camiones que se dirigían con dirección al puerto de Manzanillo en Colima.

De igual forma, en noviembre de 2019, en el municipio Caborca en Sonora, hombres armados asaltaron un camión de valores y robaron 47 lingotes de oro por un valor cercano a los 24 millones de dólares. Luego, el 8 de abril de 2020, cinco sujetos fuertemente armados irrumpieron en la mina Mulatos en el momento en que los empleados pasaban unas barras de doré (fundición de oro y plata), a un avión contratado en la pista de aterrizaje de la mina, según un comunicado de Minas de Oro Nacional SA de CV, subsidiaria de la firma canadiense Alamos Gold Inc.

Y recientemente, el 15 de abril de 2022, la empresa Consolidated Zinc informó un robo a mano armada en la mina Plomosas, en el estado de Chihuahua, robando 80 toneladas de concentrados de zinc y plomo, por un valor aproximado de 120 mil dólares

Por último, el 5 de octubre de 2023, la mina La Colorada, ubicada en el municipio de Sombrerete en el estado de Zacatecas, “fue víctima de un robo con violencia de dos camiones de carga que transportaban concentrados de plata, posteriormente, mediante un comunicado la empresa Pan American Silver dio a conocer la decisión de suspender operaciones temporalmente”.