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Fallo deja impunes ilícitos en el Viaducto Bicentenario

Sergio Hidalgo y Rubén López Barrera, ex directivos de Aleatica (antes OHL México), junto a sus abogados, a su salida del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Foto Israel Dávila
Sergio Hidalgo y Rubén López Barrera, ex directivos de Aleatica (antes OHL México), junto a sus abogados, a su salida del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México. Foto Israel Dávila
14 de marzo de 2024 07:41

Almoloya de Juárez, Méx. El juez Daniel Ramírez Peña, adscrito al centro de justicia del penal federal del Altiplano, determinó la no vinculación a proceso penal de cuatro ex funcionarios mexiquenses y tres ex directivos y miembros del consejo de administración de la empresa Aleatica (antes OHL México), a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) había imputado el delito de explotación ilegal de un bien de la nación, por el caso del Viaducto Bicentenario.

Aunque el juez admitió que la empresa Aleatica nunca obtuvo una concesión expedida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para explotar el Viaducto Bicentenario, indicó que en octubre de 2021 la propia SICT convalidó la explotación de esta vía por dicha empresa, mediante un acuerdo de cooperación que se signó con el gobierno del estado de México.

Con esta determinación fueron exonerados Andrés Oteyza y Sergio Hidalgo, ex directivos de Aleatica, y el actual presidente, así como Ernesto Némer Álvarez, secretario general de Gobierno durante el sexenio de Alfredo del Mazo; Luis Gilberto Limón Chávez, secretario de Movilidad; Tomás Angulo Lara, director del Sistema de Aeropuertos, Autopistas y Servicios Conexos, y Joaquín González Bezares, director de la Junta de Caminos, quienes firmaron el primero de octubre de 2021 el acuerdo de cooperación con la SICT mediante el cual se regularizó la operación y explotación del Viaducto Elevado.

Joaquín González, acusado además de usurpación de funciones, tampoco fue vinculado a proceso pese a haber firmado el documento un día después de que renunció a su encargo.

El juez sostuvo que como el hecho ocurrió en la Ciudad de México, no se podía aplicar el Código Penal mexiquense, por lo que corrió traslado a otro juez.

Durante la diligencia, el togado reconoció que el Viaducto Elevado es un bien de la nación, porque está sobre el derecho de vía federal de la carretera México-Querétaro, en el tramo de Naucalpan a Tepotzotlán.

Incluso admitió, como señalaba la FGR, que esta empresa nunca obtuvo una concesión de la SICT para explotar la vialidad, sino únicamente un título otorgado por las autoridades mexiquenses en 2008, a pesar de que el gobierno estatal no era el indicado para dar la concesión.

En 2021, el gobierno de Alfredo del Mazo y la SICT acordaron regularizar la situación con un convenio en el cual la dependencia federal convalidó que Aleatica siguiera explotando el viaducto.

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