Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se congratuló con la Acción de Inconstitucionalidad 106/2021 y su acumulada, que promovió, entre otros, en contra del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, que extendía la calidad de servidores públicos a quienes integran organizaciones de la sociedad civil y reciban fondos públicos.

Se solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaratoria de invalidez de dicho precepto, explicó, en razón de que transgrede el Artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual fue aprobado.

En dicho artículo se señala quienes tienen la calidad de servidores públicos, estableciendo que las personas integrantes de esas organizaciones se rigen por el derecho privado y su actividad no está relacionada con el ejercicio o desempeño de la función pública, indicó.

Finalmente, la Corte determinó que la declaratoria de invalidez emitida tiene efectos retroactivos a partir de su entrada en vigor de la reforma y adición, 8 de junio de 2021, por tratarse de la materia penal, indicó.