En los hechos, lo que ese par de siniestros personajes hizo fue desmantelar el sistema de seguridad social y deshacerse de la obligación del Estado de garantizar el régimen pensionario a los trabajadores, cancelar a éstos el derecho de obtener un ingreso digno para su vejez y descaradamente armar un jugosísimo negocio privado (vil copia del modelo pinochetista) para los amigos del régimen –la mayoría de ellos rescatados por el Fobaproa, amén de beneficiarios de otros apoyos en sus respectivos gobiernos–, por medio de la creación de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), dedicadas a especular y enriquecerse con el ahorro de terceros, y, además, cobrar abundantes comisiones por su manejo.

Desde luego, para lograr ese objetivo ese par contó con la complicidad de la mayoría en el Poder Legislativo, a la par del sepulcral silencio e inactividad del Judicial, el mismo que hoy sistemáticamente batea las iniciativas presidenciales con el objetivo de fortalecer al Estado mexicano y recuperar el espíritu de la Constitución de 1917, masacrado durante el régimen neoliberal.

En diciembre de 1995, 289 diputados prianistas aprobaron las modificaciones a la Ley del Seguro Social propuestas por Ernesto Zedillo, las cuales entraron en vigor el 1º de julio de 1997 al dar el banderazo de salida del nuevo negocio privado. En esa ocasión, fresco como una lechuga, mister Fobaproa celebró que las administradoras de fondos para el retiro son la gran solución social al México moderno de hoy, y se trata de un sistema para el futuro, moderno, ágil, transparente y, sobre todo, justo, porque el nuevo régimen “generará rendimientos atractivos y responderá mejor a su trayectoria laboral y a su esfuerzo de ahorro para una pensión digna. Desde luego, para él lo justo era, en el mejor de los casos, una pensión miserable equivalente al 25 por ciento de su último salario y hasta agotar el ahorro acumulado.

Felipe Calderón hizo lo propio, pero con el fin de masacrar a los trabajadores al servicio del Estado. El 22 de marzo de 2007 –apenas cuatro meses después de estrenar su gobierno espurio y con Agustín Carstens en Hacienda–, Borolas convenció a 313 diputados (196 panistas, 89 priístas –dos tricolores se abstuvieron: Beatriz Pagés y José Amado Orihuela–, 16 verdes, 8 de Nueva Alianza y 4 del PASC, presididos por la lacrimosa Patricia Mercado, hoy senadora por Movimiento Ciudadano; entonces, el PRD votó en contra) para que sin problema alguno aprobaran su reforma, la que, según él, consolidará un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura. Y colorín colorado, el 31 de se mismo se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

A estas alturas, muchísimos mexicanos padecen los estragos del exitoso y sobre todo justo sistema de pensiones impuesto por Zedillo y Calderón (quienes a la par estimularon el outsourcing para dejar fuera de toda posibilidad a millones de trabajadores), y hoy quienes desde el Legislativo y el Judicial aprobaron y avalaron aquel modelito aseguran que no sería justo cambiar las reglas del juego.

Eso sí, hay de pensiones a pensiones, como la que el propio Ernesto Zedillo cobra del Banco de México: 131 mil 833.05 pesos mensuales (Nancy Flores, Contralínea), que recibe directamente del Estado mexicano, no de una Afore que tanto quiere y recomienda. Ello, sin olvidar los 37 millones de pesos que anualmente del erario se embolsaba como ex presidente. Qué decir del tal Borolas: 54 millones por este último concepto, el más oneroso de los ex inquilinos de Los Pinos. Se les acabó ese festín, aunque el primero no deja de cobrar en el banco central.

Las rebanadas del pastel

Y el chiste de la semana va por cortesía del bufón Alito Moreno: vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. Juar, juar.

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