Guadalajara, Jal. La Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Atzqueltán, al norte de Jalisco, emitió una alerta pública ante las nuevas amenazas en contra de autoridades agrarias y defensores del territorio, las cuales advierten de violencia en su contra en caso que desalojen a los mestizos posesionarios de un predio invadido que está dentro de las tierras comunales.

En un documento dirigido al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a los pueblos y gobiernos de México, a las organizaciones de derechos humanos y a los medios de comunicación, afirman que las amenazas les llegaron a través de “una persona al servicio del gobierno municipal”, quien buscó por separado a las autoridades agrarias para darles “un mensaje de parte del director de la policía municipal de Villa Guerrero, Salvador González Ortega”.

“Dicho predio se encuentra invadido y está dentro de los terrenos comunales en la superficie que forma parte del trámite de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16, con sede en Guadalajara, y sobre todo dentro del Título Virreinal que nuestra comunidad recibió de la corona española en el año de 1733”.

También aclaran que la comunidad “no ha manifestado intención alguna de tomar posesión de dicho terreno, sino que estamos resguardando los predios que con cobardes amenazas, que también involucraron a la policía municipal de Villa Guerrero, pretenden despojarnos personas al servicio de violentos caciques que han atentado contra nuestras familias y autoridades”.

“Denunciamos la descarada e ilegal intromisión del director de Seguridad Pública del municipio de Villa Guerrero, en los asuntos territoriales; acto ilícito que defiende algunos intereses particulares que se siguen valiendo de las tierras sagradas de Atzqueltán y por las cuales luchamos”, dice el documento.

Convocan a pronunciarse para que se retomen los caminos jurídicos y que la policía municipal de Villa Guerrero deje de inmiscuirse en actos ilegales en contra de la comunidad.

“Nosotros hemos estado dispuestos a escuchar y a dialogar para construir la justicia y la paz en todas las localidades, parajes y predios de nuestra comunidad, pero no daremos un paso atrás en la defensa de la tierra”, concluye.

En San Lorenzo Atzqueltan, comunidad autónoma que se ubica en las profundidades de un barranco junto al río Bolaños dentro del municipio de Villa Guerrero, la presión de los pequeños propietarios y ganaderos ha sido constante para despojar de sus tierras a los wixaritari y tepehuanos desde hace decenios cuando estos comenzaron a recuperar legalmente su territorio ancestral, la cual incluye homicidios, desapariciones, torturas, amenazas y despojos.

En 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió un pronunciamiento dirigido a la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, así como al ayuntamiento de Villa Guerrero, debido a la situación y agudización de la violencia por los problemas agrarios.

Tunuary Chávez González, entonces jefe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Comision Estatal De Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), informó que a raíz del conflicto agrario había 32 carpetas de investigación por, entre otros delitos, despojo, daño a las cosas, disparo de arma de fuego y tentativa de homicidio, todas relacionadas con la lucha territorial.

El pronunciamiento pedía a la Secretaría General de Gobierno investigar todos esos hechos violentos y brindar solución “a fin de que ninguno quede impunes y se garantice la reparación del daño a las víctimas”, lo cual hasta la fecha no ha sucedido.

La CEDHJ en el pronunciamiento precisó que debía instruir a la Dirección de Asuntos Agrarios para que se abstuviera de intervenir en la emisión de nuevos títulos de propiedad dentro de la superficie de 38 mil 240 hectáreas, que se encuentra aún hoy en juicios ante la autoridad agraria correspondiente y son parte central del conflicto.