La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Ayuntamiento de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, al acreditar que la contaminación por descarga de aguas residuales y arrastre de desechos sólidos en el río La Arena, vulneraron los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua de los habitantes de comunidades pertenecientes a ese municipio.
La recomendación 168/2023 surgió a partir de una queja presentada en noviembre del 2022, tras lo cual la CNDH comprobó que las autoridades señaladas no han asegurado la disponibilidad y accesibilidad de los servicios básicos de alcantarillado, saneamiento y gestión de los residuos, lo que denota falta de medidas de vigilancia y sanción.
Indicó que se acreditó que las descargas residuales -en contravención a las normas aplicables-, las deficiencias en la gestión de los residuos, así como la degradación que producen en el ambiente, generan afectaciones hacia los demás seres vivos, el entorno y, particularmente, repercusiones en la salud de la población.
La CNDH señaló que aunque la Conagua manifestó haber realizado una visita de inspección por descargas residuales, dicha acción resultó insuficiente, “pues es la única efectuada durante cinco años y el problema persiste, lo que denota la falta de vigilancia y la imposición de medidas efectivas para impedir que se sigan vertiendo aguas residuales sin autorización e incumplimiento a la normatividad aplicable”.
Ante este contexto, el organismo que preside Rosario Piedra Ibarra solicitó a la Conagua instruir al Organismo de Cuenca del Pacífico Sur celebrar un convenio de coordinación para la protección ambiental, restauración y reparación de los daños ocasionados por la contaminación del mencionado afluente, donde deberán participar los sectores académico, empresarial y agropecuario, así como organizaciones de la sociedad civil.
Igualmente, diseñar un programa integral de saneamiento en el que deberán involucrarse autoridades de los tres órdenes de gobierno y un cronograma que contenga las reuniones de seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas.
También se le pide que dentro de tres meses realice estudios de la calidad de agua del río La Arena, implementar un programa de monitoreo que permita garantizar su uso, por lo que dichas actividades deberán contar con la infraestructura y equipo necesarios.
Gestionar que en los presupuestos de los próximos dos años asignen recursos para programas de alcantarillado, saneamiento y cultura del agua; llevar a cabo un inventario de los puntos de descarga de aguas residuales para identificar aquellos que sean clandestinos y se inicien los procedimientos administrativos correspondientes.
