La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una exhaustiva investigación por la presunta falsificación de documentos que fueron utilizados para publicar una nota sobre supuesta vigilancia telefónica contra políticos y funcionarios de gobierno, la cual fue difundida por el periódico The New York Times, informó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

En conferencia de prensa, la funcionaria informó que los datos presentados carecen de veracidad y que incluso fueron parte de una campaña de propaganda promovida por integrantes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria para victimizarse en su intento por evadir la justicia.

Mencionó que Santiago Taboada, alcalde con licencia de Benito Juárez, y la ex colaboradora de Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo, Alessandra Rojo de la Vega, promovieron tres amparos en los que demandaron una supuesta vigilancia con un número intervenido durante un año, lo cual es imposible, porque en una investigación de este tipo la autoridad judicial sólo autoriza 180 días como máximo.

Precisó que los dos juicios promovidos por Taboada en marzo pasado fueron sobreseídos, es decir, desestimados por carecer de los mínimos elementos probatorios, por lo cual no tenemos ninguna duda que el que se encuentra en un estado procesal también será desestimado.

Godoy aseguró que la fiscalía no realiza espionaje, muchos menos espionaje político, sólo se investigan delitos y se da seguimiento a las actividades de los actores políticos.

Argumentó que la información difundida por el rotativo estadunidense carece de veracidad porque se basa en documentos que no existen en la institución, tienen referencia a números de oficio, carpetas de investigación o registros de libro de gobierno que no están en las investigaciones de la dependencia.

Agregó que eso significa que son falsos, ni más ni menos son documentos apócrifos, por lo cual la funcionaria indicó que se inició la investigación para conocer su origen y quiénes son los responsables.

La fiscal llamó a los habitantes de la capital a unirse en la lucha contra la corrupción para no permitir que políticos implicados en ella evadan la justicia, contra aquellos que hicieron de la corrupción inmobiliaria una forma de vida y hasta una estructura partidista para quedar impunes y con ello derrotar a las víctimas.