La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió una recomendación a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al Ayuntamiento de Puebla por la explosión de una toma clandestina de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, el 31 de octubre del 2021, que afectó a 265 habitantes, al acreditar que dichas autoridades omitieron llevar a cabo acciones coordinadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad personal, así como para proteger las viviendas y los bienes de las familias que viven en esa colonia.
Refirió que Pemex y el ayuntamiento tuvieron conocimiento de la fuga de gas, por lo que, en coordinación con el cuerpo de bomberos de Puebla, procedieron a tomar las medidas de seguridad en el área y a evacuar a los habitantes de la colonia mencionada. Sin embargo, “la situación hizo crisis y se produjeron diversas explosiones que le causaron la muerte a una persona y lesiones a 11 más”.
Indicó que apartir del análisis de las evidencias, pudo acreditar que dichas autoridades no actuaron con la debida diligencia para adoptar las medidas necesarias en respuesta a la invasión de la franja de seguridad y/o el derecho de vía por construcciones irregulares en el lugar de los hechos, por lo cual resultan responsables de las consecuencias de la extracción ilegal de gas.
Además, para la CNDH resultó claro que Pemex, Pemex Logística y el Ayuntamiento de Puebla “han incurrido en inobservancia, al no cumplir con sus obligaciones de prevenir riesgos futuros y cerciorarse de la existencia de condiciones de habitabilidad y seguridad física para las viviendas construidas sobre el sistema de ductos conductores de Gas Licuado de Petróleo y su derecho de vía”.
Asimismo, en la Recomendación 169/2023 señaló que el ayuntamiento incumplió con las responsabilidades que lo facultan para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales, al haber permitido el crecimiento urbano irregular en San Pablo Xochimehuacán y 22 colonias más sobre los ductos conductores de combustibles y su Derecho de Vía o Franja de Desarrollo del Sistema, pues con esa omisión “no ha tomado acciones efectivas para garantizar los derechos humanos de los habitantes de esas 23 colonias”.
Ante ello, pidió que se procesa a la inmediata reparación integral del daño a 12 de las víctimas directas y a su primer círculo familiar, así como a 11 indirectas, familiares de cinco víctimas fallecidas.
Igualmente, deberán realizar un censo actualizado para conocer cuántas personas perdieron la vida, cuántas sufrieron lesiones y se encuentran totalmente restablecidas, cuántas presentan secuelas y limitaciones orgánicas para el desempeño de vida, así como un diagnóstico sobre las necesidades colectivas de ordenamiento territorial y vivienda adecuada de los vecinos de la colonia San Pablo Xochimehuacán.
En particular, a los integrantes del Ayuntamiento de Puebla se les solicitó entregar las viviendas reconstruidas, reubicadas y rehabilitadas de las víctimas, quienes sufrieron daños en dichos bienes.
