Ciudad de México. El gobierno de Nicaragua ordenó la confiscación de “todos los bienes inmuebles” de 222 opositores políticos excarcelados y deportados a Estados Unidos el 9 de febrero, a través de una sentencia del Tribunal de Apelaciones divulgada el viernes en Managua.

La sentencia tiene fecha del 19 de mayo, pero fue dada a conocer en esta fecha en que se cumplen cuatro meses de la excarcelación y destierro forzado de los 222 “presos políticos”, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, abogados, exguerrilleros sandinistas, defensores de derechos humanos y periodistas críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega.

Según el texto judicial, los exprisioneros fueron declarados “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad nicaragüense y deportados de su país, tras ser condenados por “cometer actos de menoscabar la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo” y por “incitar a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica”.

La sentencia de la Sala Penal 1 del Tribunal de Apelaciones ordena “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles que los condenados tengan inscritos” en los registros públicos, “en su carácter personal o de persona jurídica”.

Además de las propiedades, se les confiscarán “todas las acciones y sociedades mercantiles” que puedan poseer, “para que respondan por los delitos cometidos y con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la soberanía (y) la autodeterminación del Estado de Nicaragua”, señaló el informe oficial.