Ciudad de México. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “no cuenta con registro de ilícitos relacionados con la ausencia de niñas, mujeres o adultas en el Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes o zonas de convergencia” tras la desaparición de la menor María Angela Olguín, el pasado viernes, quien ya se encuentra con su familia.
En un mensaje a medios, el coordinador de asesores de la dependencia, Ulises Lara López, informó que el agente del Ministerio Público no tiene documentado ningún caso similar en esa zona o la presencia de una banda o grupo delictivo con dicho modus operandi.
Destacó que, “resulta de fundamental relevancia señalarlo a efecto de que la ciudadanía no preste atención a rumores difundidos”, por lo que se investiga cómo ocurrieron los hechos sobre la ausencia de la adolescente.
Se trata, dijo, de establecer con toda claridad qué ocurrió desde que fue vista por última vez en dicho paradero hasta que fue ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México y trasladada a la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.
De acuerdo con el protocolo en este tipo de casos, se le realizaron evaluaciones médicas y sicológicas para verificar su condición, todo con perspectiva de género, a fin de determinar la posible comisión de alguna conducta delictiva en su contra.
Mientras, células multidisciplinarias de la Dirección General de Atención de Víctimas han prestado apoyo emocional, social y de logística a su familia; y el agente ministerial de la Fiscalía de Búsqueda tomó su declaración para integrarla a la carpeta de investigación.
Con ello, se busca establecer cómo ocurrieron los hechos posteriores al reporte de su ausencia, por lo que equipos de investigación acudieron al lugar donde fue ubicada, se realizan análisis de gabinete y campo y de videocámaras para ahondar en lo señalado por la adolescente, señaló.
Tras el reporte de su desaparición, el pasado día 19, recordó, se activaron los protocolos de búsqueda, con la respectiva emisión del foto volante y el Ministerio Público ordenó realizar un rastreo institucional y trabajar en la geolocalización del teléfono celular que llevaba.
Además de una exhaustiva revisión de sus redes sociales, a fin de conocer su desplazamiento, por lo que se continúa con la integración de todos los indicios recabados por y durante su ausencia, indicó.