Ciudad Juárez, Chih. Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU estuvo en la ciudad de Chihuahua para analizar el tema del desplazamiento forzado en comunidades de la sierra tarahumara, donde decenas de personas han tenido que abandonar sus comunidades y propiedades por las amenazas del crimen organizado.

Durante esta reunión el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, dio a conocer que en los últimos tres años, el estado de Chihuahua ha registrado 11 denuncias por Desplazamiento Forzado, ante la CEDH.

Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer “que su visita en la entidad se prolongará hasta mañana, a fin de concluir con las mesas de trabajo con organismos gubernamentales y de la sociedad civil en relación a dicha problemática”.

La Relatora Especial dijo “que será el viernes 09 de septiembre cuando presente en la Ciudad de México un informe general sobre el problema del desplazamiento forzado, con las conclusiones que recabe de cada entidad federativa”.

El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, presente en la reunión, dio a conocer “que la relatora se reunió tanto con Néstor Armendáriz, y con varias instancias sociales y de derechos humanos, y una vez que la relatora de la ONU, intercambie información emitirá un informe sobre la percepción que se tiene en torno al Desplazamiento Forzado en Chihuahua”.

“El objetivo es intercambiar información en relación a lo que nosotros tengamos, lo que percibamos y lo que proponen entorno al tema del Desplazamiento Forzado”

“La información es recopilada entre todas las instituciones, grupos derechohumanistas y agrupaciones de desplazados para posteriormente hacer un diagnóstico de la situación en el estado de Chihuahua”.

Armendáriz dijo que hace unos meses el INEGI presentó una encuesta nacional sobre desaparición forzada realizada que arroja datos reveladores que ayudarán a guiar las acciones de las autoridades y sobre el número de personas afectadas por este fenómeno refirió que es difícil dar cifras certeras pues existe una gran cantidad de casos que no se denuncian ante las autoridades y es precisamente uno de los puntos que la comisión deberá trabajar para contar con un diagnóstico.

Del estado de Chihuahua existen recomendaciones de organismos de derechos humanos y sentencias de jueces federales, como en el caso del poblado de El Manzano, municipio de Uruachi, Monterde en Guazapares y Ciénega de Guacayvo en Bocoyna, las cuales ya son atendidas por el gobierno estatal.

Por la presencia de grupos del crimen organizado y enfrentamientos entre ellos son decenas de familias rarámuris desplazadas por acciones y amenazas de integrantes del crimen organizado recientemente en el municipio de Guadalupe y Calvo, asì como Bocoyna, que son de las comunidades con mayor presencia de las bandas que disputan la región para siembre de drogas y explotación clandestina de madera, entre otras actividades.

La mayoría de los desplazados son integrantes de la etnia raramuri, los cuales mencionan que desde hace muchos meses se enfrenta el grupo llamado Los Salgueiro del cártel de Sinaloa con otro que los trata de desplazar y hombres, mujeres y niños son afectados.