Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) rechazó la aprobación del dictamen que reforma el primer párrafo del artículo 97 de la Constitución, sobre cambio de adscripción de impartidores de justicia, al considerar que viola la independencia e inamovilidad judiciales de los juzgadores federales, por ser contraria a estándares constitucionales, convencionales y jurisprudenciales.

El cambio establece que, al término de los seis años en el ejercicio de su encargo, tendrán que ser rotados cada cinco años de adscripción a un circuito diferente al que están asignados.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director nacional del Jufed, señaló que tal iniciativa aprobada el pasado 28 de julio y dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, también es contraria a estándares nacionales e internacionales, dado que contraviene los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura, aprobados y confirmados por la Asamblea General de la ONU.

“Asimismo, el dictamen no justifica los señalamientos para calificar en forma negativa la estabilidad e inamovilidad de las y los juzgadores federales en los circuitos de su adscripción, con los cuales se pretende su rotación al menos cada 5 años una vez ratificados; pues no basta deducir y mencionar términos en forma subjetiva y ambigua, como tampoco referir simples encuestas para que ello se traduzca en argumentos o criterios públicos y objetivos como lo exigen los estándares convencionales”.

En un comunicado añadió que dichas propuestas de readscripciones quinquenales en los términos dictaminados, “realmente se traducen en ausencia de garantías de estabilidad de quienes operamos el sistema de justicia federal, que menoscaba no solo los principios de independencia e inamovilidad judiciales, sino también otros como la perspectiva de género y el derecho de familia, dada la provisionalidad de permanencia en el lugar de su adscripción, en su caso, lo que también es preocupación de la CIDH, al destacar que para los traslados, entiéndase readscripciones, se deben escuchar las opiniones, aspiraciones y la situación familiar del operador de justicia involucrado”.

Por las consideraciones expuestas, la Jufed confió en que dicho dictamen una vez que se lleve al Pleno de la Cámara de Diputados, “se evalúen los compromisos convencionales adquiridos por el Estado mexicano, para los efectos de su votación; asimismo, proponemos se tomen en consideración los tópicos normativos argumentados, entre otros; y se pondere la posibilidad de establecer un dialogo institucional para que se respete y prevalezca el Estado Democrático de Derecho”.