Ciudad de México. Amnistía Internacional (AI) México junto con víctimas de represión policial durante una protesta en contra de la violencia de género, en la presidencia municipal de Cancún, Quintana Roo, el 9 de noviembre de 2020, denunciaron que el gobierno de ese estado se niega a firmar un acuerdo de reparación integral del daño.

Lo anterior, a pesar de que en abril pasado el secretario de Gobierno, Jorge Contreras, se comprometió así hacerlo, a fin de garantizar que la puesta en práctica del acuerdo no se vea interrumpida con el cambio de administración, ante la llegada de la gobernadora electa Mara Lezama.

Recordaron que en la manifestación del 9 de noviembre de ese año, “hubo uso de armas de fuego y golpes desproporcionados contra las manifestantes”, una de ellas, Wendy Galarza, recibió dos impactos de bala y al menos dos personas “fueron torturadas sexualmente”.

En conferencia de prensa, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, refirió que las víctimas y las organizaciones que las acompañan, entre ellas también la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, han estado trabajando en la elaboración de esta propuesta de acuerdo de reparación del daño y junto con los representantes gubernamentales, con los que se han reunido en mesas de trabajo de manera mensual, acordaron que este tema se discutiría el 9 de agosto próximo.

Sin embargo, “de manera desafortunada e inesperada en la mesa de trabajo que tuvimos el 11 julio, el subsecretario de Derechos Humanos, Elías Prado Laguardia, señaló que el gobierno del estado no va a firmar la propuesta, que no tiene condiciones para firmar un acuerdo ante notario y que por lo tanto ni siquiera estaba dispuesto a firmar el calendario de trabajo”.

Ante ello, víctimas y organizaciones hicieron un llamado enérgico a que el gobierno estatal “cumpla con sus obligaciones y con los acuerdos concretados en las mesas mensuales de trabajo conjunto”.