El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que la solicitud presupuestal de los organismos electorales debe ser respetada por los congresos, sin recortes, porque en su opinión, la independencia y autonomía se relacionan con los recursos disponibles.
“Garantizar la integración idónea de los órganos electorales también debe asegurar su buen funcionamiento y autonomía. La independencia de los órganos electorales en gran medida está relacionada con que cuenten con los recursos necesarios para alcanzar sus fines constitucionales y cumplir las obligaciones legales.
“Para lograrlo se ha determinado que los poderes locales deben dotar de suficiencia presupuestaria a las instituciones y, en consecuencia, deben respetarse los proyectos presupuestales que se presentan por las autoridades electorales a los congresos estatales, sin que haya una injerencia que los recorte, por parte de la autoridad gubernamental”, dijo.
Durante una conferencia magistral en la séptima reunión de autoridades electorales de la V Circunscripción, el magistrado señaló que durante 2018 y en 2021 dos ejecutivos, Morelos y la Ciudad de México, omitieron presentar el proyecto de presupuesto que los organismos electorales locales elaboraron y, en su lugar presentaron otra propuesta.
Por tanto, la Sala Superior resolvió que los ejecutivos estatales no pueden hacer tal cosa.
También se ha reconocido que es el Congreso estatal o federal el que tiene la potestad de decidir sobre el presupuesto final, rubro que es un desafío para institutos y tribunales electorales, reconoció, y así ocurrió este año con el presupuesto del Instituto Nacional Electoral para la organización de la revocación de mandato.
De igual forma, el magistrado presidente se refirió a la importancia del federalismo, aun cuando haya un sin fin de peticiones de los partidos políticos para que la Sala Superior atraiga asuntos, sin que pasen por instancias estatales.
Recordó que el objetivo central del TEPJF es ser garante de la institucionalidad democrática, incluido el ejercicio de derechos de grupos vulnerables, así como la autodeterminación de comunidades y pueblos, por mencionar algunos.
