La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó los artículos medulares de la Ley de Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua, lo que abre la puerta para que, por la vía del amparo, el ex gobernador de esa entidad, César Duarte Jáquez, pueda recuperar las propiedades que le fueron aseguradas.
Por unanimidad, el Pleno de Ministros declaró inconstitucionales fracciones de los artículos 2, 40, 41, 42 y 43 de la ley estatal, que fueron impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El ministro Javier Laynez Potisek basó la invalidez únicamente en el hecho de que el congreso de Chihuahua invadió facultades exclusivas de la Federación, pues desde el 14 de marzo de 2019 se promulgó la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y el 22 de febrero de 2020 el legislativo estatal sacó su propia ley, la cual versa esencialmente sobre el mismo tema.
Por esta razón la SCJN invalidó los artículos de la ley estatal, aunque no definió si los efectos de su resolución serán retroactivos, es decir, que por orden del máximo tribunal se anularían todos los actos de aplicación de la norma.
Pese a eso, el fallo del máximo tribunal permite que todos los actos de aplicación de la ley estatal ahora invalidada puedan ser combatidos por vía de amparo.
Esto es relevante porque, en julio de 2020, el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinosa Cortés, informó que varios bienes asegurados al ex gobernador Duarte Jáquez, entre ellos ganado e inmuebles, con valor de más de 500 millones de pesos, serían puestos a subasta.
Esto incluyó 21 ranchos con una extensión en conjunto de 2 mil 344 hectáreas, donde había 450 pies de cría importados de Nueva Zelanda, además de especies exóticas como bisontes, llamas y jabalíes.
