Ciudad de México. La continuación de la audiencia inicial contra Miguel Ángel Vásquez, ex director general de administración y desarrollo de personal de la Oficialía Mayor, por delitos cometidos por servidores públicos se lleva a cabo de manera privada.

Familiares y amigos se manifiestan a las afueras de las salas orales del Tribunal Superior de Justicia para denunciar que el ex director general de administración y desarrollo de la Oficialía Mayor, Miguel Ángel Vásquez Reyes, es un “preso político”.

Desplegaron mantas y cartulinas donde se lee: “liberan al hijo del Chapo, pero detienen a líder opositor. Justicia selectiva” y “alto al terrorismo del Estado. Preso político. Libertad”.

Al grito de justicia sí, venganza no, los manifestantes, en su mayoría mujeres, señalaron que se mantendrán en este sitio hasta conocer la sentencia del juez, la cual confían sea a favor del ex funcionario de la administración de Miguel Ángel Mancera Mancera.

A solicitud del Ministerio Público y de los asesores jurídicos del ex funcionario de la administración de Miguel Ángel Mancera, quienes se encontraban en la sala de oralidad número 28 fueron invitados a salir.

Con base en las pruebas que presenten las partes, se determinará su situación jurídica; mientras, afuera continúan amigos y familiares externando su apoyo a Miguel Ángel y acusando a las autoridades capitales de emprender una “cacería contra la oposición”.

Su esposa Paula Andrea Castillo, diputada local del PRD, aclaró que su esposo nunca huyó, y acudió a las oficinas de la fiscal general, Ernestina Godoy, y de la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, a solicitarles una reunión para que se aclarara la supuesta afectación a la hacienda pública de 293 millones de pesos, que se le acusa.

Hasta el momento, suman tres los ex funcionarios vinculados a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y delitos cometidos por servidores públicos, pero “confiamos en las instituciones y que Miguel Ángel salga libre”, afirmó Carlos David Vásquez.

El hermano del ex funcionario advirtió que “existe el temor de que lo quieran detener también por la suspensión de los pagos por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados del ISSSTE a la Captralir, que es la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, que “es lo mismo de lo que está acusado ahora, pero lo tienen en otra caja”.

Sin embargo, confió en que los asesores jurídicos de su hermano demostraran su libertad, aunque el delito por el que se le persigue no es grave y no amerita prisión.

Por su parte, el ex funcionario envió un mensaje desde su internamiento en el Reclusorio Norte, donde externó su confianza en las instituciones, aunque “éstas están en manos de los hombres, pero vamos a seguir la vía jurídica”.

Hasta el momento, suman tres las personas vinculadas a proceso por la Caja de Previsión Social de la Policía Preventiva (Caprepol), por el que fue detenido el pasado jueves: María del Carmen Ramírez Jasso, ex Directora de Presupuesto de la Dirección General de Recursos Financieros de la entonces Secretaria de Seguridad Ciudadana.

Así como Óscar Armando Peña Avendaño, ex director Administrativo del H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, y Joel Pazol Ruiz, ex Subdirector de Análisis Presupuestal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX