Colima, Col., Al concluir la calificación de las cuentas de 29 entidades públicas de Colima, los diputados aprobaron ordenar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) que realice revisiones exhaustivas por más de 570 millones de pesos al gobierno estatal en funciones, así como a los ayuntamientos pasados de Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán, y

A las también anteriores Comisiones de agua potable y alcantarillado de Manzanillo y Tecomán.

El diputado Vladimir Parra Barragán presentó un punto de acuerdo para que el Osafig haga una revisión especial correspondiente de la contratación de la deuda de 410 millones de pesos, derivado del decreto 617, con el que se compró el terreno de la Zona Militar en Loma de Fátima, Colima y la construcción del edificio C5i en la calzada Galván.

Su colega Carlos César Farías Ramos fue el encargado de presentar el exhorto para la revisión específica de la adquisición de los predios que actualmente conforman el parque ecológico recreativo La Campana, con el que el gobierno del estado compró 93 hectáreas a particulares a un precio de 170 millones de pesos mientras el gobernador anterior que encabezó Mario Anguiano Moreno, denunció en días previos que ese terreno se lo ofrecieron en 93 millones de pesos y un año después casi duplicó su costo.

-Requieren revisión, pagos de nómina de salud y seguridad-

El legislador Arturo García Arias exhortó a la titular del Osafig a realizar una revisión especial por el pago de nómina de los sectores de salud y seguridad pública correspondientes a los años fiscales 2016, 2017 y 2018, pues hay indicios de irregularidades derivados de la revisión de la cuenta pública 2018.

La diputada Ana Karen Hernández Aceves y Parra Barragán presentaron exhortos para la revisión de los municipios de Manzanillo y Tecomán, para la revisión de la inversión pública, ingresos propios y retenciones a trabajadores.

Finalmente, las comisiones de agua potable de Manzanillo y Tecomán serán revisadas, debido a los ingresos que recaudaron por concepto de derechos y por venta de bienes y servicios, el gasto de varios capítulos de sus ingresos, así como la falta de registro del presupuesto de obras y del pago de las mismas. Los exhortos fueron presentados por los diputados Rogelio Salinas y Mayra Villalvazo, respectivamente.