A 14 años del incendio de la Guardería ABC –donde 49 niños perdieron la vida y más de un centenar resultaron heridos, muchos con lesiones de por vida– no hay sentenciados.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en etapa complementaria la investigación por estos hechos y apenas hay dos ex funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo proceso penal.

Lo anterior se informó ayer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde funcionarios federales presentaron un informe sobre las reparaciones para las víctimas de la tragedia, suscitada el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, durante el sexenio de Felipe Calderón. Se previó que este año pueda cerrarse el capítulo de reparaciones integrales.

Interrogado sobre si hay sentencias, el director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que dos personas están vinculadas a proceso: Sergio Antonio Salazar Salazar y Carla Rochín Nieto, quienes cuando se suscitaron los hechos ocupaban los cargos de director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora nacional de Guarderías, respectivamente. Pero todavía está en etapa complementaria la investigación por parte de la FGR.

Indicó que el actual gobierno federal da seguimiento a la denuncia por estos hechos presentada ante la fiscalía el 12 de febrero de 2020 para que se indagara a todos los posibles involucrados, incluidos los que hasta ese momento no habían sido investigados. De esa carpeta, dijo, derivó en noviembre de ese mismo año la detención de Salazar Salazar y Rochín Nieto.

Como parte de las medidas vitalicias, indicó, a la fecha se han otorgado 181 mil citas médicas, de las cuales 140 mil han sido en unidades del IMSS y 40 mil 700 en unidades indirectas fuera de éste, mil 200 de ellas en Estados Unidos.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, manifestó el compromiso de la administración federal para atender y resolver de fondo esta situación, para que haya justicia y se castigue a los responsables.

Refirió que hay 936 personas que cuentan con calidad de víctima, de las cuales 16 por ciento son directas.

En la reparación participan la Unidad de Defensa y Protección de los Derechos Humanos de Gobernación, que ha erogado recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 víctimas; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que ha emitido 327 resoluciones en favor de los núcleos primarios y extendidos de 144 víctimas directas y brinda otros servicios; el gobierno de Sonora, con apoyos educativos, y el IMSS, con medidas vitalicias de atención y otras.

Como lo ha señalado el Presidente de la República, no hay limitación ni restricción alguna en materia de recursos para atender esta situación y esperemos que este mismo año ya cerremos el capítulo de lo que corresponde a las reparaciones integrales, concluyó Encinas.