El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que uno de cada cinco de los contribuyentes y funcionarios públicos que ha denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) está sujeto a proceso, en total 655 personas.

Sin embargo, sólo se han emitido resoluciones a 19 servidores públicos y 121 contribuyentes, en suma 4.2 por ciento de los 3 mil 324 sujetos denunciados entre enero de 2020 y marzo del año en curso.

En su más reciente informe tributario y de gestión, el SAT reporta que ha presentado denuncias contra 3 mil 324 personas, entre ex funcionarios públicos, contribuyentes y personas físicas vinculadas con empresas, de ellas 655 están bajo investigación formal.

Los delitos van desde robo, delitos en relación con el Registro Federal de Contribuyentes –la clave de identidad fiscal en el país–, impresión ilegal de facturas; hasta el contrabando y el acceso ilegal a sistemas del organismo.

El SAT detalló que de las 655 personas sujetas a proceso ante la FGR, 33 son servidores públicos, 296 personas físicas y 326 más personas físicas relacionadas con personas morales.

De 2020 a la fecha, se han emitido resoluciones a 19 servidores públicos con sanciones que van desde trabajo comunitario hasta por nueve meses, la reparación del daño con montos de no más de 25 mil pesos y en algunos casos se han determinado penas de prisión que van de los seis meses a cuatro años.

En el mismo periodo, se han emitido resoluciones a 121 contribuyentes con penas de cuatro años de prisión y sanciones económicas que van de los 3 mil pesos hasta los 538 mil 577 pesos por concepto de reparación del daño.

Con datos sólo del primer trimestre de 2023, periodo que corresponde al informe presentado la víspera, se denunció penalmente a 171 contribuyentes (89 personas físicas y 82 vinculadas a personas morales); así como a tres servidores públicos.

Asimismo, se promovieron 32 denuncias ante el Órgano Interno de Control en contra de 34 personas servidoras públicos del SAT. Las denuncias estuvieron vinculadas, principalmente, a cohecho, uso de documento falso y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, reportó el organismo.