La exploración para la búsqueda de minerales será una actividad exclusiva del Estado mexicano, ratificó la Secretaría de Economía (SE), al abundar sobre los cambios aprobados por el Congreso de la Unión a la ley minera.

Dos días después de que la Representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, y la ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, expresaron sus preocupaciones por las reformas recién aprobadas, la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro confirmó cuáles son los cambios.

La exploración del territorio para la búsqueda de minerales será exclusiva del Estado a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), dijo.

La SE precisó que, pese a ello, los privados pueden proporcionar información al gobierno de México sobre existencia de minerales en un lote no asignado o concesionado, para que la dependencia determine si el SGM tiene la posibilidad de explorar la zona y pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.

Eliminado, el carácter preferente

Resaltó que se eliminó el carácter preferente de las actividades mineras sobre cualquier otro uso o aprovechamiento de los terrenos y se retiró la posibilidad de expropiar terrenos para actividades mineras.

La dependencia puntualizó que el esquema para obtener concesiones mineras se modificó, por lo que sólo se otorgarán para explotación mediante licitaciones de la SE.

Agregó que también se eliminó la minería submarina y en áreas naturales protegidas, así como la figura de terreno libre, con lo cual se evita que se soliciten concesiones en cualquier parte del territorio nacional que indiquen los particulares.

La reforma también estableció dar la prioridad del suministro de agua para consumo humano y doméstico en el otorgamiento de la concesión de agua, que es uno de los requisitos para otorgar la minera. Anotó que si no hay disponibilidad del líquido para la población, se podrá reducir el volumen del agua concesionada, incluida su cancelación, a fin de garantizar los derechos humanos al agua.

Aunado a ello, los concesionarios deberán reciclar al menos 60 por ciento del agua utilizada.