La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó el llamado de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y ratificó que el lunes próximo pondrá a votación el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, donde se propone invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral. En sesión privada, el pleno del máximo tribunal señaló que está obligado a resolver este asunto en un plazo fijo, debido a que se trata de un tema relacionado con los próximos comicios federales.

En la víspera, la consejería solicitó a la SCJN que, con base en el orden de prelación y por seguridad jurídica, se votaran primero las impugnaciones pendientes a la Ley General de Comunicación Social de 2018 y luego las de las reformas a esta misma norma expedidas en diciembre pasado, que tienen contenido electoral.

La CJEF se refería a las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018, todas ellas asignadas originalmente al ministro Fernando Franco González Salas quien, al término de su periodo constitucional en el cargo, heredó estos asuntos a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien presentó los proyectos de resolución desde enero de 2020, sin embargo, luego ella misma los retiró al considerar que debido a las últimas reformas a la ley de comunicación social había nuevos actos legislativos y los asuntos tendrían que sobreseerse.

La ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, sometió a consulta del pleno la petición de la CJEF y por unanimidad acordaron seguir adelante como lo tenían planeado, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral.

Los ministros coincidieron en que ambos temas se refieren a actos legislativos distintos, por lo cual no ocurrirá que haya sentencias contradictorias ni se afectarán los principios de seguridad y certeza jurídica.

En un comunicado posterior, la SCJN detalló que, a las acciones de inconstitucionalidad de 2018, bajo la ponencia de la ministra Ortiz Ahlf, no se les dio trámite como asuntos electorales y sus proyectos de resolución no han sido aún presentados ante la Secretaría General de Acuerdos, por lo cual no pueden ser votados aún.

Así pues, el lunes próximo sí comenzará el análisis de los proyectos del ministro Pérez Dayán sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas el 27 de diciembre del año pasado.

La propuesta es invalidar ambas reformas, por considerar que en su aprobación se incurrió en violaciones al proceso legislativo.